“Al juicio no se va de pescar”, advirtió el procurador especial durante la audiencia, en una crítica directa a la estrategia de la defensa de Nicolás Petro. Esta frase, pronunciada en medio de un debate sobre la pertinencia de las pruebas solicitadas, encapsula la tensión que domina el proceso judicial contra el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.
Según el Ministerio Público, la defensa estaría recurriendo a maniobras que, lejos de agilizar el caso, podrían enredarlo aún más. Esta advertencia marcó el tono de una jornada en la que tanto la Procuraduría como la Fiscalía y el propio juez expresaron su preocupación por la dinámica que ha adquirido el proceso.
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La advertencia formal que hizo el juez apunta a que si el abogado defensor del acusado insiste en solicitar aplazamientos injustificados de las audiencias, se abrirán investigaciones disciplinarias. Esta decisión surge tras una serie de incidentes en los que la defensa pidió suspensiones alegando compromisos en otros procesos, lo que generó molestia en el tribunal y entre los demás actores procesales.
El juez, visiblemente incómodo, cuestionó la lógica de que la defensa solicite suspensiones de diligencias que ellos mismos programaron en fechas acordadas previamente.
“Estas audiencias se vienen programando, el juzgado ni siquiera impone la fecha, como debe ser, de tal manera que se exhorta por última vez a la defensa y si la próxima vez vuelve a ocurrir algo que cambie la fecha, el juzgado ponderará y compulsará copias disciplinarias si ello es necesario por incumplimiento de sus deberes, aun cuando las audiencias son programadas”, afirmó el juez, esta postura busca frenar una práctica que, a juicio del tribunal, afecta la eficiencia y la transparencia del proceso.
La Fiscalía General de la Nación, representada por la fiscal Lucy Laborde, respaldó la posición del juez y subrayó las dificultades logísticas que generan los aplazamientos. Laborde explicó que el traslado a Barranquilla respondía a la necesidad de asistir presencialmente a todas las audiencias, con la expectativa de que el proceso avanzara con celeridad. “Me preocupa su señoría, pues toda vez que el señor defensor tiene defensor suplente tenga que aplazarse, una y otra vez, esta sesión programa”, manifestó la fiscal, evidenciando el impacto negativo de las suspensiones en la agenda institucional y en el desarrollo normal de las diligencias.
El origen de este clima de tensión se remonta a los reparos de la Procuraduría frente al listado de pruebas presentado por la defensa. El procurador especial cuestionó la pertinencia de las pruebas solicitadas, sugiriendo que la defensa estaría utilizando el juicio como un espacio para explorar posibilidades, en vez de presentar una teoría del caso sólida y coherente. “Las partes tienen ya estructurada una teoría del caso, sabe cuál es el resultado de cada prueba y vienen a mostrar, a practicarlas ante el juez, para que la valore y para llevar a su conocimiento la hipótesis, pero aquí no se viene a solicitarle al juez que ordene la práctica de una prueba o una actividad investigativa porque esa no es la etapa del juicio”, puntualizó el procurador.
La defensa de Nicolás Petro, tras escuchar los reparos de la Procuraduría, solicitó la suspensión de la diligencia, argumentando la existencia de compromisos en otras instancias. Esta petición no fue bien recibida por el juez, que reiteró que no tolerará más dilaciones y que, de repetirse la situación, procederá a ordenar las investigaciones disciplinarias correspondientes.
Las partes fueron citadas nuevamente para el miércoles 30 de julio de 2025, en una sesión en la que se espera que la defensa defina si insistirá en la suspensión. De no hacerlo, el juez dejó claro que tomará medidas para garantizar el cumplimiento de los deberes procesales y evitar que el proceso se prolongue innecesariamente.