La Superintendencia Nacional de Salud informó que en el mes de agosto comenzará un proceso de auditoría forense internacional sobre la Nueva EPS.
El anuncio fue realizado por el superintendente Giovanny Rubiano, quien explicó que el análisis abarcará el manejo de recursos durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025.
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Este procedimiento se adopta luego de conocerse un informe de la Contraloría General de la República, el cual identificó a la Nueva EPS como la entidad con el mayor monto de deuda entre todas las Entidades Promotoras de Salud activas. Según ese reporte, la cifra alcanzaría los $9,2 billones.
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Rubiano explicó que el objetivo del proceso es esclarecer el destino de los recursos que han sido administrados por la entidad durante los últimos años. “Vamos a tener datos ciertos financieros, de dónde está la plata, a quién se le pagó, a dónde se le giró”, expresó el funcionario.
Según precisó, se trata de una auditoría forense, lo que implica una revisión detallada orientada a reconstruir la trazabilidad del dinero, más allá de los balances contables. “Una entidad que tenía un desgreño administrativo impresionante. Se llegó a poner orden en la casa”, añadió.
Paralelo a este anuncio, se dio a conocer que Nueva EPS entregará sus informes financieros correspondientes al año 2023 en las próximas dos semanas. Después de eso, presentará la información correspondiente a 2024. “Claramente, esto es un esfuerzo de la administración del doctor Camacho y de todos sus colaboradores”, sostuvo Rubiano en relación con el cumplimiento de los reportes.
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Las medidas adoptadas por la Superintendencia se producen en un momento en el que el sistema de salud enfrenta un panorama financiero complejo. De acuerdo con los datos de la Contraloría, las 29 EPS habilitadas actualmente registran compromisos económicos acumulados por $32,9 billones.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga señaló que este nivel de endeudamiento genera interrogantes sobre la capacidad de sostenibilidad del sistema en su conjunto. “Es una cifra preocupante que hace pensar en la viabilidad financiera del sistema”, dijo. También recordó que desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el número de EPS en funcionamiento se redujo de 154 a las 29 actuales.
Zuluaga explicó que varias de las EPS que fueron objeto de intervención por parte del Gobierno no lograron mejorar sus indicadores. “Las EPS intervenidas desafortunadamente no lograron mejorar los indicadores que la ley les establece, no ha habido un éxito en las intervenciones que el Gobierno ha hecho”, manifestó.
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La auditoría a la Nueva EPS se suma a otras acciones de vigilancia que ha liderado la Superintendencia desde 2023, cuando inició una serie de procesos administrativos frente a las entidades que, según sus análisis, no cumplían con los requisitos exigidos para operar.
Uno de los casos recientes fue el de Sanitas, que fue intervenida en 2023. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional ordenó que su administración retornara al Grupo Keralty. El abogado de esa compañía, Juan David Riveros, afirmó en ese momento que “esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado”.
Actualmente, solamente seis EPS cumplen con las tres condiciones de habilitación financiera exigidas: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Estas entidades atienden a poco más del 10% de la población afiliada en el país.
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El resto de los usuarios está vinculado a EPS que no cumplen con alguno o varios de los indicadores definidos. A esta situación se suma una siniestralidad promedio de 110,1% durante 2024. Este dato indica que los costos por servicios de salud han superado los ingresos recibidos por cada afiliado, medidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
A este escenario financiero también se suma un incremento del 23% en las peticiones, quejas y reclamos que han sido reportados por los usuarios del sistema, según datos recientes.
En cuanto a la Nueva EPS, la Superintendencia espera que la auditoría proporcione elementos objetivos para determinar responsabilidades sobre la administración de los fondos públicos asignados al aseguramiento en salud.
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Además, el proceso buscará aportar insumos técnicos para la toma de decisiones futuras respecto a la viabilidad operativa de la entidad, que tiene una cobertura significativa de afiliados y es considerada estratégica dentro del sistema.
El superintendente Rubiano reiteró que la intervención forense no busca únicamente revisar balances financieros, sino también establecer con precisión los movimientos de capital, los pagos realizados y las decisiones contables ejecutadas durante los últimos seis años.