El Concejo Municipal de Soacha aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo 27 de 2025, que contemplaría entregar el 49% del manejo del alumbrado público a una empresa privada.
“(...) Por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Soacha para constituir y formar parte de una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público y actividades inherentes al mismo y se dictan otras disposiciones”, indicó el Concejo de Soacha, y agregó que el proyecto continuará su curso en plenaria en los próximos días.
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La decisión generó cuestionamientos respecto a los riesgos financieros y de transparencia en la gestión del servicio, así como sobre la protección de los recursos públicos.
Al respecto, la representante a la Cámara por Colombia Humana Alexandra Vásquez advirtió sobre posibles irregularidades en la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), donde el socio privado asumiría el 49% de la operación.
Según Vásquez, el proyecto carece de claridad en torno a las garantías del aporte de $49.000 millones que realizaría el privado. Tampoco se especifican mecanismos, plazos ni garantías para ese desembolso, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad financiera y la posibilidad de iliquidez.
Vásquez citó precedentes como el caso de Ciudad Moderna, en Popayán, y el caso de Socorro, en Santander, donde este modelo de operaciones habría terminado en serias irregularidades.
“No hay balance patrimonial proyectado ni se especifican mecanismos, plazos o garantías para ese desembolso. La preocupación se agrava al revisar antecedentes como el caso de Ciudad Moderna en Popayán, donde el privado incumplió su compromiso de inversión y terminó controlando la junta directiva, y el caso de Socorro (Santander), donde la Procuraduría detectó posibles irregularidades contractuales y vínculos con el polémico empresario ‘Turco Hilsaca’ y ordenó suspender el proceso de licitación”, detalló la legisladora.
Añadió que el acuerdo otorga al alcalde de Soacha, Julián Sánchez, atribuciones excepcionales para seleccionar al socio privado y definir los criterios del proceso, lo que incrementa el riesgo de direccionamiento y favorecimiento.
“Esto crea un grave riesgo de direccionamiento del proceso, permitiendo que se acomoden las condiciones para favorecer a un proponente específico, tal como ocurrió en ciudades como Neiva y Popayán, donde la SEM se adjudicó a un único oferente por exigencias hechas a la medida”, sostuvo la congresista.
La congresista alertó sobre la falta de información respecto al destino de los ingresos del impuesto de alumbrado público y el porcentaje de utilidades que correspondería al socio privado.
Dijo que, sin proyecciones claras de gasto y reinversión, la ciudad podría comprometer parte importante de sus recursos durante varias décadas para pagar dividendos, sin garantía del impacto real en la infraestructura.
Sobre el estudio técnico que fundamenta la creación de la SEM, Vásquez señaló deficiencias como la ausencia de un flujo de caja detallado, falta de análisis sobre posibles recaudos y carteras morosas, y la omisión de escenarios realistas para el pago en sectores vulnerables.
Según la representante, el municipio quedaría expuesto a cubrir con recursos públicos los posibles déficits, sin contar con las debidas garantías contractuales.
“Aunque se mencionan topes para gastos, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, no se detallan cifras concretas ni proyecciones, lo que podría llevar a comprometer por décadas los recursos del municipio para pagar dividendos al privado —como ocurrió en Barranquilla, donde se garantizó entre el 15% y 20% del recaudo anual por 30 años—, sin asegurar cuánto se reinvierte realmente en luminarias o beneficios tangibles para los barrios. Sin cifras claras en el contrato, no habrá forma legal de exigir el cumplimiento”, añadió.
La elección del modelo de la SEM también contrastaría con el informe de la consultoría que reconoce mayores garantías en el esquema de Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice), pero recomienda la modalidad mixta, “la cual presenta mayores riesgos de control y cumplimiento”.
“Esta contradicción es aún más grave si se consideran antecedentes en otras ciudades donde las SEM han derivado en investigaciones de la Contraloría, irregularidades en la selección de socios estratégicos y beneficios cuestionables para empresarios como el ‘Turco Hilsaca’. La decisión de optar por la SEM, pese a los propios hallazgos del estudio, pone en duda la objetividad y transparencia del proceso”, enfatizó.