La senadora María Fernanda Cabal anunció que demandará el decreto con el que el presidente Gustavo Petro busca que las tutelas impuestas en su contra ya no sean evaluadas por el Consejo de Estado.
A través de sus redes sociales, la congresista del Centro Democrático anunció que interpondrá acciones contra el documento que considera “una amenaza directa al Estado de Derecho“. Cabal también calificó el texto como una clara violación de las leyes por parte del mandatario y del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
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En su trino, la senadora, que se ha convertido en una de las principales opositoras del presidente en el Congreso, aseguró que el jefe de Estado no tiene la competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto.
Para argumentar su posición, la congresista citó el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, que establece que cualquier iniciativa que busque modificar el aparato judicial, así como la administración judicial, debe ser tramitada bajo los parámetros de una ley estatuaria en el Congreso. Por lo que el decreto del presidente es una clara violación de la carta política del país y se considera, según la parlamentaría, una evasión al Congreso y una ruptura de la arquitectura institucional con una firma.
“Esto no es una simple medida administrativa. Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder“, escribió Cabal.
En su mensaje, la senadora también aclaró que, además de la Constitución, el presidente y el ministro de Justicia estaría también violando el principio del juez natural que establece que todas las personas tienen el derecho a ser juzgados por un tribunal o juez competente. Por lo que estaría prohibido que se creen tribunales especiales para casos o personas específicas.
El anuncio de demandar el decreto, también fue acompañado por la alerta de la congresista de la conducta del presidente, que, cree, quiere controlar todas las instituciones del aparato judicial del país.
“Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas“, explicó.
Adicionalmente, también calificó al Gobierno Petro como un régimen y aseguró que su negativa a aceptar contrapesos o cuestionamientos es una clara muestra pedir impunidad, silencio y obediencia de las instituciones del Estado.
Finalmente, Cabal fue enfática en que, de seguir el decreto en pie, terminaría por colapsar el equilibrio de poderes establecido por la Constitución Política y se estaría institucionalizando la extralimitación de funciones y el abuso del poder presidencial.
Este es el decreto demandado
Por medio del Decreto 0799 expedido el 9 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro modificó las normas vigentes y estableció que las acciones de tutela interpuestas en contra de autoridades del orden nacional, entre ellas el presidente, tendrán como destino en primera instancia los despachos de los jueces de circuito.
El documento configuraría una clara ruptura de la separación de poderes y un desconocimiento de las competencias del Consejo de Estado.
Sin embargo, el texto establece que con esta acción el Gobierno nacional busca reforzar el principio de igualdad judicial y garantizar que los mecanismos dl poder judicial se aplique a todas los miembros del poder público sin distinción.
Por su parte, el Ministerio de Justicia fue enfático en que “la nueva regla de reparto reconoce que el presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades, sin perjuicio del control constitucional que ejerce la Carta Constitucional en sede de revisión”.
El decreto del presidente ha recibido críticas de todos los frentes que aseguran que, el texto es una violación al orden democrático del país y desconoce la competencia de los altos tribunales.