“Teniendo en cuenta la normatividad citada, resulta procedente declarar la insubsistencia del nombramiento ordinario de los empleos que a continuación se relacionan, dentro de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador”, señala la resolución emitida por la Dirección General del Senado el jueves 10 de junio.
Luego de este documento difundido por Semana, dicho acto administrativo, nueve integrantes del equipo de trabajo de Iván Name dejaron de pertenecer a la planta de personal del Congreso de la República, tras la suspensión de la curul del exsenador, sin posibilidad de reemplazo.
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La noticia principal radica en que, dos meses después de la captura del expresidente del Senado, Iván Name, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes conformaban su unidad de trabajo legislativo en el Congreso fueron retirados oficialmente de sus cargos.
Durante el periodo posterior a la detención de Name, tanto él como los miembros de su equipo continuaron recibiendo honorarios del poder legislativo.
El exsenador, perteneciente a la Alianza Verde, permaneció recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde el 7 de mayo de 2025, fecha en la que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura como parte de la investigación por el escándalo de la Ungrd.
A Name se le acusa de haber recibido sobornos del Gobierno nacional para influir en la agenda del Congreso y facilitar el debate de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.
A pesar de su reclusión, Name siguió percibiendo honorarios equivalentes a casi 50 millones de pesos mensuales, cifra correspondiente al rango salarial asignado por el Estado a senadores y representantes a la Cámara.
La demora en la desvinculación de su equipo de trabajo se originó en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia certificara la decisión ante la Comisión de Ética del Senado, instancia responsable de ejecutar el acto administrativo que confirmara la suspensión del exsenador.
La resolución del Senado detalló los nombres y documentos de identidad de los nueve funcionarios afectados. Ocho de ellos desempeñaban funciones de asistente, mientras que uno ejercía como asesor del senador, quien presidió el Congreso durante el segundo periodo legislativo. Desde esta semana, ninguno de estos exfuncionarios figura ya como empleado del Congreso, tras la declaración de insubsistencia de sus nombramientos.
Senador Iván Name niega haber recibido sobornos y defiende su gestión
La Fiscalía General de la Nación ya ha logrado preacuerdos con algunos de los presuntos implicados, mientras que otros, como el exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla, han sido condenados.
La Corte Suprema de Justicia mantiene bajo indagación a varios congresistas, entre ellos Iván Leonidas Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
La investigación, según informó la Corte en noviembre de 2024, se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Ungrd.
En ese contexto, Name Vásquez y Calle Aguas, como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes en la época de los hechos, habrían recibido pagos en efectivo de manos de Sneyder Pinilla Álvarez.
La ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, de la Sala de Instrucción de la Corte, incluiría la medida de aseguramiento tanto para Name como para Calle, aunque la Sala Plena debe decidir si acoge la recomendación. La decisión, prevista inicialmente para el 6 de mayo, fue aplazada para el 7 de mayo.
Durante la sesión plenaria del Senado, Name manifestó desconocer si podrá continuar participando en los debates, ya que la Corte definirá si se le impone la medida de aseguramiento mientras prosiguen las investigaciones.
El congresista de Alianza Verde defendió su gestión, afirmando que cumplió con sus deberes constitucionales al frente del cuerpo colegiado y resaltó su labor frente al “desbordamiento institucional” y su papel de contrapeso ante propuestas que, según él, respondían al “exceso y la soberbia”.
Name también subrayó que los senadores mantuvieron sus funciones legislativas pese a un entorno de amenazas, deshonestidad y “lapidación”.
En mayo de 2024, cuando su nombre apareció en los titulares como presunto integrante del entramado de corrupción, Name negó las acusaciones. Se le señala de haber recibido $3.000 millones desviados de un contrato de la Ungrd como coima por impulsar reformas del Gobierno de Gustavo Petro. El senador sostiene que siempre se opuso a las iniciativas oficialistas, por lo que considera infundados los señalamientos.