La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana del martes 8 de julio la judicialización de Alberto Antonio Araújo Rivera, segundo presunto implicado en el atentado sicarial perpetrado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, ocurrido el sábado 5 de julio en San José del Guaviare.
De acuerdo con la información recogida, el hecho dejó a ambas víctimas con graves heridas tras ser atacadas con arma de fuego frente a su vivienda. Ahora, por solicitud de un fiscal seccional, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano de nacionalidad venezolana, tras considerarlo presuntamente responsable de coordinar la logística del ataque.
El ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas, Araújo Rivera no aceptó los cargos.
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La investigación indica que Araújo habría sido el encargado de contactar al sicario, el cual ejecutó el ataque, y también de ofrecerle una suma de dos millones de pesos por realizar el crimen. Además, se determinó que le entregó el arma de fuego utilizada y posteriormente lo esperó en un punto acordado para facilitar su fuga tras la agresión.
“El vago me recoge en el trabajo y me lleva hasta la casa donde se encontraba el arma de fuego. El vago me muestra el arma y me muestra los tiros y me ofrece dos palos, 2 millones de pesos y me dice que eso dan por darle al duro, la víctima, y que al ver el arma y hacer el ofrecimiento del dinero ya tenía que hacer la vuelta. Yo le digo que cómo así. El vago, me dice que ya cómo conocía el arma y sabía las cosas, ya debía hacer la vuelta y me dice que necesita más gente. Yo le respondo que no conocía a nadie más. El vago me dice que ya tenía investigado al duro. Eso quedó allí y el vago me llevó a la casa", indicó el fiscal respecto a lo que el señalado atacante, ya judicializado, habría dicho respecto al ofrecimiento de Araújo Rivera para la ejecución del atentado.
El operativo que permitió su captura fue realizado mediante registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Primero de Octubre de San José del Guaviare y durante la diligencia, agentes del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque.
“Usted, Alberto Antonio Araújo Rivera, después de ponerse de acuerdo con otras personas, le entregara un arma de fuego de tipo revolver calibre 38, la cual no tenía permiso de autoridad competente, a Wilmer Alexander Perea, el cual la accionó en contra de la humanidad de Gustavo Chicangana Álvarez, persona que ostenta la calidad de periodista, ocasionándole unas heridas a nivel de cuello y de región anterior de tórax. Acción realizada aprovechando que Gustavo Chicangana se encontraba en estado de indefensión al encontrarse sobre la motocicleta en vía pública frente a su lugar de residencia y que luego de accionar el arma de fuego y lesionarlo emprende la huida del lugar. Y usted, Alberto Antonio Araújo Rivera, lo esperaría en una motocicleta en un punto acordado para facilitar la huida", explicó el fiscal.
Según las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el periodista y su esposa se encontraban sobre una motocicleta, frente a su casa, en aparente estado de indefensión. De acuerdo con el reporte oficial, Chicangana recibió impactos de bala en el hombro, tórax y cuello, mientras que su pareja fue herida en la mandíbula.
Por este mismo atentado, la Fiscalía ya había judicializado el 7 de julio a Wilmer Alexander Perea Babativa, señalado de ser el autor material de los disparos contra las víctimas.
Las autoridades determinaron que tanto Perea como Araújo deberán permanecer recluidos en centros penitenciarios ubicados fuera del departamento del Guaviare, como medida preventiva de seguridad.
La Fiscalía continúa recolectando elementos probatorios que permitan esclarecer por completo este grave hecho que ha generado conmoción en la región. El caso ha encendido las alarmas sobre el riesgo que enfrentan los comunicadores en zonas apartadas del país, y ha motivado llamados de diferentes sectores sociales y gremios periodísticos a reforzar las garantías de protección para quienes ejercen el periodismo en contextos vulnerables.