Durante varios años, Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias Boliche, habría ofrecido a narcotraficantes colombianos y dominicanos un supuesto acceso privilegiado al sistema judicial de Estados Unidos, prometiéndoles penas reducidas a cambio de millonarios pagos que superan los 4.1 millones de dólares.
A cambio, aseguraba realizar gestiones ante agencias federales, conseguir que los condenados pudieran cumplir parte de sus sentencias en apartamentos en EE. UU. y garantizar penas mínimas, promesas que nunca se materializaron.
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Según una investigación liderada por la agente especial Ortiz Rodríguez, del FBI en el distrito de Tampa, Florida, Hernández Villazón, de 57 años y oriundo de Valledupar, se presentaba como colaborador de agencias federales como la DEA y el FBI, una afirmación que usaba para ganar credibilidad.
Para reforzar esta fachada, obtuvo una certificación como asistente legal que le permitía visitar presos en cárceles federales, desde donde contactaba a sus posibles “clientes”.
La acusación formal contra Boliche, radicada el 17 de junio, revela que solicitaba pagos superiores al millón de dólares a narcotraficantes con procesos de extradición pendientes, con la promesa de intervenciones legales que en la práctica nunca se realizaban.
La investigación identificó comunicaciones a través de Whatsapp, grabaciones telefónicas, transferencias bancarias e incluso depósitos por Western Union desde Riohacha, La Guajira, como parte de las pruebas que actualmente mantienen a Hernández Villazón bajo custodia en Estados Unidos, sin opción de fianza.
El modus operandi descrito en la acusación muestra un patrón repetitivo.
Hernández Villazón y al menos un cómplice pedían a los traficantes que los contrataran, asegurándoles acceso al mejor equipo jurídico de Estados Unidos y condenas reducidas, incluso en casos donde las penas mínimas alcanzaban los diez años y las máximas la cadena perpetua.
En algunos casos, ofrecía la posibilidad de que los condenados cumplieran parte de su sentencia en un apartamento en territorio estadounidense, una promesa que resultó ser falsa.
Para sostener su credibilidad, Boliche afirmaba trabajar directamente para el FBI y la DEA, respaldándose en su certificación como asistente legal para reunirse con reclusos.
Alias Boliche, quien actuó como informante en el caso contra Álex Saab — señalado como testaferro de Nicolás Maduro — enfrenta ahora cargos por fraude electrónico y extorsión.
Las autoridades también investigan la participación de abogados y un exagente de la DEA, lo que sugiere la existencia de una red criminal mucho más amplia, que involucra a funcionarios y supuestos asesores legales que operaban en Florida, Puerto Rico y Colombia.
La operación que permitió reunir la evidencia fue desarrollada de manera conjunta entre la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y agencias de inteligencia de países aliados.
Esta cooperación internacional permitió obtener pruebas clave, entre ellas grabaciones en las que se escucha a Hernández Villazón negociando directamente con narcotraficantes.
Según la acusación, cuando las familias de los capos exigían resultados, Boliche culpaba al abogado interno del caso, se desentendía de cualquier compromiso o lanzaba amenazas.
“Para inducir los pagos, Hernández Villazón amenazó a familiares de traficantes advirtiéndoles de las consecuencias en caso de impago”, señala el expediente.
La investigación revela también la participación de abogados y menciona a un agente retirado de la DEA con movimientos migratorios recientes hacia Colombia, lo que apunta a una red más amplia de colaboradores que facilitaron el esquema ilegal.
El FBI cuenta con audios en los que se escucha a Boliche negociando penas con narcotraficantes, fortaleciendo la solidez del caso.
En Colombia, Hernández Villazón ha sido vinculado a grupos paramilitares, y hasta hace poco, su historial judicial solo reflejaba un proceso por fraude electrónico.
Sin embargo, el caso que hoy enfrenta en Florida podría revelar una operación internacional de engaños y extorsión bajo la apariencia de cooperación judicial.
Familiares y allegados de Hernández Villazón aseguran que todo se trata de un error y que el colombiano aclarará su situación ante la justicia estadounidense. Por el momento, no se le ha concedido la fianza, por lo que permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.