La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó, a mediados de mayo del 2025, a la comercializadora de gas Vanti S.A. – ESP ajustar sus tarifas y devolver la totalidad de los cobros indebidos realizados a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
Según informó el organismo de control, la decisión se formalizó mediante la Resolución No. 20251000201245, emitida el 6 de mayo de 2025, y representó una medida sin precedentes para proteger los derechos de los usuarios y garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público domiciliario.
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De acuerdo con la Superintendencia, Vanti aplicó incrementos tarifarios injustificados del 4,95% en enero y del 35,5% en febrero de 2025, a pesar de contar con suficiente gas natural nacional para abastecer la demanda residencial.
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Y es que según los datos entregados por el ente de control, la empresa habría reportado de manera irregular una menor disponibilidad de gas nacional, lo que le permitió justificar la importación de gas a precios más altos, incrementando así las tarifas que pagan los usuarios. La conducta, según el organismo, violó la regulación tarifaria establecida en la Resolución Creg 137 de 2013 y constituyó un incumplimiento de la obligación de prestar el servicio de manera eficiente.
Vanti se niega a devolver el 100% de los cobros excesivos
Sin embargo, y a pesar del orden emitido por la Superintendencia, Vanti decidió la apelación de la resolución. A partir de dicha decisión, el concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, miembro de la bancada Colombia Humana - Pacto Histórico, convocó a un nuevo plantón ciudadano frente a la sede principal de Vanti, ubicada en la calle 72 #5-38.
Según detalló el cabildante, el objetivo de la movilización es exigir que la empresa cumpla con lo ordenado por la Superintendencia y devuelva los cobros indebidos a los usuarios. Cuesta destacó que la medida es el resultado de la presión ciudadana ejercida en protestas previas, como la Pqrtón contra Vanti, realizada el 19 de febrero de 2025, en la que cientos de personas presentaron derechos de petición exigiendo transparencia y justicia tarifaria.
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Además, sumó que la resolución emitida por la Superintendencia no solo ordena el reintegro del 100% de los cobros excesivos, también impone a Vanti un Programa de Gestión con tres directrices principales: recalcular las tarifas, devolver los cobros indebidos y adoptar nuevas normas de gobierno corporativo para evitar que se repitan estas irregularidades. Según el organismo, es la primera vez que se activa un programa de ese tipo como medida correctiva en el sector de servicios públicos domiciliarios.
Por otra parte, el análisis de la Superintendencia reveló que Vanti mantenía un contrato vigente con Ecopetrol para el suministro de gas nacional, lo que garantizaba una disponibilidad suficiente para atender la demanda residencial. No obstante, la empresa optó por reportar una disponibilidad menor, justificando así la importación de gas más costoso. Dicho proceder permitió a la comercializadora elevar artificialmente los precios, afectando a millones de hogares en Bogotá y Cundinamarca.
El concejal Cuesta reiteró su compromiso con la defensa del interés público y ha llamado a la ciudadanía a mantenerse movilizada hasta que Vanti cumpla con las disposiciones legales. En sus palabras, “vamos a cobrarle por ventanilla a Vanti lo que nos debe, vigilancia popular, justicia tarifaria y dignidad para los usuarios del gas natural”. Asimismo, aseguró que continuará ejerciendo control político desde el Concejo de Bogotá para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados.
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Es importante señalar que la resolución emitida por la Superintendencia representó una victoria significativa para los usuarios afectados, quienes denunciaron durante meses los incrementos desproporcionados en las tarifas del gas natural. Según el organismo de control, las acciones buscan no solo corregir las irregularidades detectadas, sino también establecer precedentes que refuercen la transparencia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos en el país.
“De acuerdo con los lineamientos del Presidente de la República, el principal interés de esta medida es garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos como un derecho”, destacó igualmente la entidad de vigilancia y control.