Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2014, logró una reducción significativa en la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el marco del escándalo de Odebrecht. Según informó la Procuraduría, la inhabilidad inicial de 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado fue reducida a ocho años tras una apelación en segunda instancia. Además, la multa económica fue ajustada a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) correspondientes a 2014.
“Modificar la sanción, la cual quedará en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2014, concurrente con la inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de ocho (8) años”, señaló el fallo de la Procuraduría.
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De acuerdo con el fallo emitido por la Procuraduría, la decisión de reducir la sanción se fundamentó en la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como en la consideración de una atenuante clave: la ausencia de antecedentes disciplinarios de Prieto al momento de los hechos investigados. Este elemento fue determinante para que los delegados del ministerio público reconsideraran tanto la duración de la inhabilidad como el monto de la multa.
“Con fundamento en esta misma lógica de ponderación y en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la sanción de multa impuesta también será objeto de ajuste y, en consecuencia, se fija en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)”, señaló la decisión de la Procuraduría.
El documento también puntualizó que la sanción modificada incluye la inhabilidad para ejercer empleo público, desempeñar funciones públicas, prestar servicios a cargo del Estado o celebrar contratos con este durante un periodo de ocho años. Asimismo, se ratificó la responsabilidad disciplinaria de Prieto en el caso, aunque con las modificaciones mencionadas. La Procuraduría explicó que esta decisión responde a un análisis detallado de los argumentos presentados por la defensa, los cuales resultaron concluyentes para ajustar la sanción inicial.
“Esta circunstancia implica la modificación de la sanción de multa e inhabilidad impuesta en primera instancia, razón por la cual esta Sala reducirá proporcionalmente el monto de la sanción de multa e inhabilidad, manteniéndose, no obstante, la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del señor José Roberto Prieto Uribe”, explicó la Procuraduría.
Cabe aclarar que en 2024, en la decisión de primera instancia, la inhabilidad había sido fijada en 12 años, lo que representaba un castigo más severo para Prieto, que tuvo un papel destacado en la política y la función pública. Sin embargo, la apelación permitió que se reconsideraran las circunstancias del caso, lo que derivó en una reducción en el tiempo de inhabilidad y la multa económica.
El escándalo de Odebrecht, que involucró a Prieto, ha sido uno de los casos de corrupción más relevantes en América Latina, afectando a múltiples países y figuras políticas. En este contexto, la Procuraduría destacó que, aunque se redujo la sanción, se mantuvo la declaratoria de responsabilidad disciplinaria, dejando claro que Prieto fue encontrado culpable de las irregularidades investigadas.
La petición de Abelardo de la Espriella para conocer la responsabilidad de Juan Manuel Santos en el caso Odebrecht
Para conocer la responsabilidad que tuvo el expresidente colombiano Juan Manuel Santos en este escándalo, el abogado Abelardo de la Espriella solicitó a Estados Unidos levantar el sello de la investigación y conocer detalles significativos que involucra la financiación de la campaña del ganador de los comicios presidenciales de 2014.
“En virtud de lo expuesto, se solicita respetuosamente se sirva levantar el sello de la investigación del caso Odebrecht y de ese modo se permita conocer a la sociedad colombiana, los términos del acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Corficolombiana”, es parte del documento revelado por Semana que cuenta con el sello de la firma Defensores de la Patria.
El litigante justificó su solicitud, argumentando que la Fiscalía General de la Nación cuenta con pruebas sobre el posible ingreso de más de $3.000 millones por parte de Odebrecht a la campaña de Santos.