Durante una rueda de prensa celebrada el lunes 19 de mayo de 2025 en la Secretaría General del Senado, en la que se radicó una nueva consulta popular con 16 preguntas que abordan distintos temas del proyecto gubernamental, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró públicamente su postura frente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
De manera enfática, afirmó que dichas entidades están bajo una situación controlada pero crítica, al asegurar: “Por eso las tenemos en cuidado intensivo. Para que se haga la reforma, para poder pagar las deudas que tienen las EPS”.
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Esta afirmación no fue la primera, ya que una semana antes, durante una audiencia pública realizada el 12 de mayo durante la discusión legislativa de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, el ministro ya había dejado ver una estrategia gubernamental que fue interpretada por distintos sectores como un mecanismo de presión para lograr la aprobación de la reforma a la salud, la cual confirmó.
En su primera declaración, durante la intervención, el jefe de la cartera fue explícito al señalar que el Ejecutivo cuenta con un plan financiero para sanear el sistema, aunque condicionado a la aprobación de la reforma por parte del Congreso.
“Sí, tenemos recursos y estamos contemplando cómo sanear el sistema; todo depende de si el Senado quiere aprobar eso o no”, mencionó en aquella ocasión. Sus palabras encendieron las alarmas entre distintos sectores políticos y gremiales, pues sugiere una correlación directa entre el estado actual de las EPS y los intereses del Gobierno en la reforma.
La estrategia del Gobierno es mantener a las EPS en estado crítico
En esta última intervención ante los medios, junto a los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, Jaramillo fue más allá al presentar argumentos sobre la inviabilidad financiera de las EPS como entidades aseguradoras.
Según sus palabras, “no van a ser aseguradoras financieras porque ni tienen capital, porque ni tienen patrimonio ni tienen reservas y siempre se quiebran”. Añadió que el sistema es históricamente inviable y recordó el caso de quiebra que, según él, se presentó durante la administración del expresidente Iván Duque.
“La última quiebra del señor, del presidente Duque. Fueron por más de 30 billones de pesos, fueron las acreencias; terminaron en 9, en 9 billones. Ya las de acreencias definitivas que fueron aceptadas. Y no se pagó sino un solo billón de pesos (sic)”.
El ministro utilizó estos antecedentes para justificar la necesidad de una intervención estatal que permita saldar las deudas actuales y reorganizar el flujo de recursos: “Sería la catástrofe para clínicas, hospitales y proveedores. Y por eso las tenemos en cuidado intensivo”, afirmó, al señalar que este manejo actual de las EPS es parte de la estrategia para garantizar una transición ordenada si se aprueba la reforma propuesta.
Por la radicación de la nueva consulta popular, que también incluye puntos vinculados a la reforma del sistema de salud, Jaramillo dejó claro que el objetivo es modificar de raíz el modelo de aseguramiento y permitir una mayor intervención del Estado.
“¿No es cierto entonces? ¿Y poderle pagar directamente a los hospitales y las clínicas? No entregarle. Como ya por ejemplo, ya hoy se pagaron todas ellas. Todo lo que es el régimen subsidiado”, señaló, en referencia a una reciente transferencia de recursos que, según él, demuestra la capacidad del Gobierno para gestionar el sistema sin la intermediación de las EPS.
La estrategia de mantener a las entidades de salud “en cuidado intensivo”, tal como fue descrita por el propio ministro, es vista por la oposición como una forma de condicionar el sostenimiento financiero de las entidades a la aprobación de la reforma.