Un proyecto de ley en Colombia podría transformar las condiciones contractuales de los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción, eliminando las cláusulas de permanencia obligatoria que actualmente imponen empresas como Claro, Movistar, ETB y otras operadoras del sector.
Esta iniciativa, liderada por el senador Julio Alberto Elías Vidal, busca garantizar mayor libertad y transparencia para los usuarios al contratar y cancelar estos servicios.
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De acuerdo con el documento radicado en el Senado, el proyecto tiene como objetivo principal prohibir que los operadores de telecomunicaciones incluyan condiciones que obliguen a los usuarios a mantener sus contratos por un tiempo mínimo.
Actualmente, estas cláusulas suelen estar asociadas a beneficios como descuentos o tarifas preferenciales, pero si el cliente decide cancelar el contrato antes del plazo estipulado, debe pagar una penalización económica.
La propuesta legislativa plantea que los usuarios puedan cancelar los servicios en cualquier momento, siempre que estén al día con sus pagos, sin enfrentar costos adicionales.
El proyecto también establece que los operadores no podrán condicionar la prestación de servicios ni la adquisición de equipos a la aceptación de cláusulas de permanencia.
Esto aplicaría tanto para servicios contratados de manera individual como en paquetes. Además, cualquier venta, financiación o subsidio de equipos deberá configurarse como un negocio jurídico independiente del contrato principal.
Esto significa que los costos de dispositivos como módems, decodificadores o teléfonos móviles deberán estar claramente desglosados en las facturas, permitiendo a los usuarios conocer exactamente cuánto están pagando por cada componente.
Otro punto clave de la iniciativa es la regulación de los equipos entregados en modalidad de comodato o préstamo de uso. Según el proyecto, los operadores no podrán cobrar ni financiar el costo de estos dispositivos, salvo que se demuestre que han sido dañados por mal uso del cliente.
Esto busca evitar que los usuarios asuman costos adicionales injustificados por equipos que no son de su propiedad.
La propuesta también incluye medidas para garantizar mayor transparencia en la comercialización de los servicios. Los operadores estarán obligados a detallar en las facturas el valor total de cada componente, como servicios, equipos o cargos adicionales, de manera clara y separada.
Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de contratar únicamente los servicios que necesiten, sin verse obligados a adquirir paquetes completos o dispositivos que no desean.
El senador Elías Vidal destacó que esta reforma representa un avance hacia la modernización del sector de las telecomunicaciones en Colombia, al eliminar barreras contractuales que restringen la libre elección de los usuarios.
El proyecto busca fomentar un entorno más competitivo y equitativo, donde los consumidores puedan cambiar de proveedor con mayor facilidad y sin penalizaciones económicas.
En caso de ser aprobada, esta ley modificaría significativamente el modelo actual de contratación de servicios de telecomunicaciones en el país.
Las empresas ya no podrían ofrecer tarifas preferenciales condicionadas a contratos de 12, 18 o 24 meses, lo que incentivaría una mayor competencia en el mercado. Además, los usuarios tendrían mayor claridad sobre los costos asociados a los servicios y equipos, lo que contribuiría a una relación más transparente entre consumidores y proveedores.
Del mismo modo, el proyecto también aborda la necesidad de separar los contratos de servicios de las condiciones relacionadas con la adquisición de equipos. Esto garantizaría que los usuarios no queden atrapados en tarifas combinadas poco claras, permitiéndoles tomar decisiones más informadas sobre los servicios que contratan y los dispositivos que adquieren.
El proyecto de ley impulsado por el senador Elías Vidal podría marcar un antes y un después en la regulación del sector de las telecomunicaciones en Colombia, al garantizar mayor libertad, transparencia y equidad para los usuarios.
Al mismo tiempo, las autoridades continúan reforzando las normativas existentes para promover la seguridad vial y reducir los riesgos asociados al uso de dispositivos móviles mientras se conduce.
En 2014 entró en vigencia la Resolución 4444 de ese año en la cual las empresas que operan el servicio de telefonía móvil no podían seguir incluyendo dentro de sus contratos cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de servicios y de compraventa de equipos que suscriban con los usuarios, esta reglamentación fue expedida, en su momento, por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, lo que deja un precedente que podría repetirse de ser aprobado el proyecto de ley presentado en el Congreso de la Rapública.