Tras la salida del noticiero CM& del aire han surgido cuestionamientos con respecto a la gestión del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano. Pues, según denunció el congresista del Pacto Histórico Wilson Arias, el grupo Prisa, un conglomerado español dueño de cadenas radiales como Caracol Radio y W Radio, “tomó el control” de Canal Uno.
Según explicó, ese “control” que estaría ejerciendo sobre el canal responde a una estrategia de divulgación de contenidos. Presuntamente, el conglomerado se dio cuenta de que el canal puede llegar a todos los rincones del país porque es público y funciona por medio de la televisión digital terrestre (TDT), y habría logrado apropiarse de la programación cuando el canal fue entregado en concesión al grupo privado Plural Comunicaciones, que habría realizado “movidas cuestionables” para facilitar el proceso. “A Prisa Media se la apareció la Virgen”, dijo Arias.
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“De inmediato, sus contenidos radiales (de Caracol Radio, W Radio y otros) empezaron a estar llegando a todo el país. Es decir, es la explotación de un recurso público en beneficio de un conglomerado extranjero y a precio de huevo, porque en vez de comprar nuevo espacio electromagnético, están usando el que el Estado colombiano ya tenía sirviendo”, explicó el congresista.
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Entonces, responsabilizó al ministro Mauricio Lizcano, teniendo en cuenta que debería proteger la soberanía del canal y los intereses del Estado: “No vio, no escuchó, no hizo nada”. Pues, según indicó, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha autorizado la integración entre Prisa-Caracol Radio y Plural Comunicaciones-Canal Uno, lo que dejaría en evidencia presuntas omisiones del jefe de la cartera.
“Qué pésimo ministro de Comunicaciones, ha permitido la pérdida de soberanía informativa y puso el patrimonio del Estado al servicio de extranjero”, añadió.
La defensa de Mauricio Lizcano: “No estoy defendiendo a Prisa”
Sin embargo, el ministro se defendió, asegurando que los señalamientos en su contra son producto del “afán” de “hacer política” por porte de algunos congresistas. Explicó que en 2016 se entregó el Canal Uno en concesión a Plural Comunicaciones, que es una empresa totalmente colombiana, lo cual, a día de hoy, no ha cambiado, según la Superintendencia de Sociedades.
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Ahora bien, el supuesto “control” que habría tomado el Grupo Prisa sobre el canal obedece plenamente a una negociación entre las partes, en la que no puede involucrarse la cartera. “Lo que pasó con el canal es que un acuerdo de programación entre el canal 1 y el Grupo Prisa. Este acuerdo de programación no puede ser censurado, prohibido, o regulado por el Ministerio de las Telecomunicaciones”, detalló.
Sus declaraciones están respaldadas en la Ley 182 de 1995, en la que se establece que el concesionario (Plural Comunicaciones) es libre de configurar su parrilla de programación como desee. Además, el Estado no puede censurar el contenido ni hacer control previo del mismo. Además, el concesionario también está en la facultad de hacer uso de los espacios de televisión sin requerir permisos o autorizaciones previas.
“Yo no puedo cambiar las leyes de la República, yo no estoy defendiendo a Prisa ni a ninguna otra empresa con nombre propio, lo que sí estoy defendiendo como ministro, y asumo toda la responsabilidad política, es que en Colombia se tiene que cumplir la libertad de expresión”, afirmó.
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Con respecto a la salida del aire del noticiero CM&, explicó que el Gobierno nacional quería que este continuara con su programación en televisión, pero, de nuevo, la concesión se entregó a privados que deciden cómo manejar la parrilla de programación. “Fue Canal Uno, en acuerdos privados con CM&, los cuales el Gobierno no conoce, y no tendría que conocer porque es un acuerdo entre privados, terminaron sus contratos”.