En un entorno delicado de cooperación con la Fiscalía General de la Nación y frente a acusaciones graves, el abogado de Olmedo López solicitó que su cliente sea recluido en una guarnición militar.
José Luis Moreno, abogado defensor del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), argumentó que López corre un riesgo significativo de seguridad si está encarcelado en un centro penitenciario común.
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Esta solicitud se presentó durante la audiencia llevada a cabo en la mañana del sábado 31 de agosto, donde se definiría la aplicación de una medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López empresario conocido como “el pastuso”.
El exdirector de la Ungrd está involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con contratos millonarios para llevar agua potable a La Guajira mediante carrotanques, en los cuales se habrían pagado sobornos a congresistas para la aprobación de reformas gubernamentales. Según la información recopilada por la Fiscalía General de la Nación, estos contratos también apuntan a la participación de altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
La defensa de López insistió en que su cliente entabló un proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, proporcionando información clave sobre la red de corrupción dentro de la Ungrd. En palabras de Moreno, esta cooperación ha permitido estructurar elementos jurídicamente relevantes e implicó la realización de 154 actividades de investigación.
“Si no coadyuva o fortalece esa petición de la honorable fiscalía, que mi cliente se le imponga una medida de aseguramiento en el batallón Caldas”, dijo la defensa de Olmedo López.
Durante su intervención, el abogado remarcó la importancia de no crucificar a su cliente y recordó que López ya admitió su error y pidió perdón públicamente.
“Aquí el señor López, la persona que tengo acá, que eso es lo que hoy quiero que usted vea, que su señoría también vea y que todo el mundo vea, es una persona que no puede ser crucificada por el proceso, y la intención de esta defensa no es restar la importancia a la acusación que enfrenta. Pues es evidente que reviste de gravedad”, agregó el abogado.
Jhon Mario Díaz, otro abogado defensor, compartió preocupaciones sobre la seguridad de López en una prisión común, indicando que muchos presos en situaciones similares fueron atacados por su cooperación con las autoridades, y sugirió que se le recluyera en el batallón Caldas en Bogotá para proteger su vida.
“El señor Olmedo ha tomado un camino muy difícil, donde manifestar la verdad no es el más seguro”, dijo la defensa.
El escándalo tiene implicados a varios políticos, entre ellos Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Iván Name, de la Alianza Verde y expresidente del Senado; y Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Según López, en testimonios anteriores revelados por la Fiscalía, estos funcionarios habrían recibido millonarios contratos a cambio de su apoyo a las reformas del Gobierno actual.
El abogado de López manifestó que la situación no solo involucra a quien defiende, sino a múltiples personas dentro de diversas entidades, lo que amplía la significancia del caso en la opinión pública y jurídica. A pesar de las acusaciones y la gravedad del caso, la defensa de López busca subrayar la humanidad de su cliente, resaltando sus roles como padre, hijo y amigo, y manifestando su compromiso con la reparación del daño causado por sus acciones.
La intervención de Díaz también incluyó menciones a las amenazas que López ha recibido debido a su decisión de colaborar con la justicia. Esta colaboración podría tener implicaciones a largo plazo, exponiendo una red de corrupción que podría involucrar a más funcionarios y políticos en el tiempo por venir.
De acuerdo con los informes de la prensa, los montos implicados en los contratos fraudulentos que fueron direccionados a pagar sobornos son elevados.
“A Name había que darle $60 mil millones en contratos y a Calle unos $10 mil”, dijo Olmedo López en una audiencia anterior ante la Fiscalía.
Finalmente, el juez deberá decidir si acepta la solicitud de la defensa de López para su reclusión en una guarnición militar, un paso considerado crucial para su protección mientras continúa cooperando con la justicia y en medio de un proceso judicial que aún no ha concluido y que ha sacudido a la opinión pública en el país.