En la tarde del miércoles 10 de julio de 2024, las autoridades dieron a conocer uno de los más recientes golpes contra la explotación sexual en Medellín. Según explicaron desde la Policía Nacional, fue capturado el máximo cabecilla de una estructura criminal dedicada a este tipo de prácticas en la capital antioqueña.
Se trata de Cristóbal Fernández Viamonte, un fugitivo cubano-mexicano, que también era buscado por las autoridades del país norteamericano. El criminal basaba su modus-operandi en captar mujeres en distintas ciudades del país con fines de explotación sexual.
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Recalcó el director de la Policía, general William Salamanca, que las mujeres que reclutaba este delincuente eran de bajos recursos y permanecían en condición de vulnerabilidad, además de que eran engañadas. Sus víctimas, que en su mayoría eran de Cali, Medellín y Bogotá, eran trasladadas a Cancún y Mérida, en el estado de Yucatán en México, donde las despojaban de sus pasaportes y las obligaban a firmar un contrato “por una deuda imposible de pagar”.
“Una vez arribaban, eran recibidas por integrantes de la estructura criminal quienes las trasladaban a casas de seguridad donde eran despojadas de sus pasaportes y toda su documentación, luego las obligaban a firmar un contrato con el que no estaban de acuerdo y en el que les imponían una deuda imposible de pagar con gastos que no eran pactados desde su salida de Colombia a fin de tenerlas esclavizadas”, explicaron las autoridades.
El general Salamanca fue claro en que este sujeto, cuya captura se concretó en coordinación con la Policía Federal de México, había ingresado al territorio nacional desde hacía cuatro años. Desde ese momento “adoptó” una imagen de próspero empresario que vivía en una mansión de El Poblado, uno de los sectores más exclusivos de Medellín, además de que se transportaba en vehículos de alta gama que hacían parte de su “esquema de seguridad”.
Sobre él existía una circular roja de la Interpol por los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual agravado, razón por la que uniformados de la Policía Nacional y de la Dijin lo interceptaron cuando llevaba a cabo su rutina de deporte en un gimnasio del centro comercial Milla de Oro de la capital antioqueña.
Y es que desde la Policía Nacional dieron a conocer que en medio de las investigaciones que se llevaron a cabo con respecto a este caso, los organismos encargados lograron constatar que las mujeres que reclutaba Fernández Viamonte también eran persuadidas con cartas de invitación desde México, lo que les permitía pasar con gran facilidad ante los controles migratorios.
Además, las víctimas contaban con reservas en diferentes hoteles en el país norteamericano, lo que “descartaba” la posibilidad para las autoridades de que allí se estuvieran llevando a cabo casos de trata de personas.
Una vez retenido por las autoridades colombianas, el criminal fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. De igual forma, los organismos encargados dieron a conocer que permanecen a la espera de que llegue la documentación necesaria para que se expida la orden de captura con fines de extradición para el delincuente, al que calificaron de “depredador internacional de mujeres”.
Explotación sexual, una de las problemáticas más graves en Medellín
La explotación sexual en Medellín es un grave problema social y de derechos humanos que afecta principalmente a colectivos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes y niños. La ciudad, reconocida por su transformación urbana y avances tecnológicos, enfrenta el desafío de combatir redes de trata de personas que se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad.
Los barrios con altos índices de pobreza y exclusión social en Medellín sirven, lamentablemente, como caldo de cultivo para que estas redes operen, engañando o forzando a sus víctimas a entrar en el círculo de la explotación sexual. El fenómeno se ve agravado por la falta de oportunidades, el desplazamiento forzado y el legado del conflicto armado en Colombia, que han dejado a muchas personas en condiciones de riesgo.