De acuerdo con el último informe que publicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en el país hay ocho conflictos internos que se estarían financiando tanto con las rentas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal.
Las confrontaciones no se estarían dando entre grupos armados ilegales contra el Estado colombiano, sino también entre esas mismas estructuras criminales e insurgentes, en especial por el dominio territorial, destacaron del análisis del organismo multilateral en el informativo de televisión Noticias RCN.
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Según expertos que consultaron en ese medio de comunicación, la violencia en el país se habría incrementado por la política de paz del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, en donde se han establecido ceses bilaterales al fuego que solo estarían cumpliendo en la Fuerza Pública.
Agregaron que el Estado sostiene conflictos con el ELN, el Clan del Golfo, autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y las disidencias de las Farc.
Sin embargo, esas últimas agrupaciones serían las mayores generadoras de violencia en el país porque se están enfrentando entre sus diferentes facciones, como ha ocurrido con la Segunda Marquetalia, los Comandos de Frontera, así como las que ya tenían de antaño contra el ELN y el EGC.
Pero los expertos que consultaron en ese noticiero aseguran que podrían ser más porque no se consideraron las confrontaciones de la agrupación que fundó Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y las que incluso se estarían gestando en el interior del Estado Mayor Central (EMC).
Se debe recordar que en un informe reciente de la emisora La W Radio se informó que Néstor Gregorio Vera ‘Iván Mordisco’ y Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, estarían inmersos en una disputa dentro de esa disidencia desde mediados del año pasado, debido a que no lograron un acuerdo sobre los aportes financieros de sus respectivas estructuras.
Aunque finalmente el jefe subversivo aceptó, sin estar completamente de acuerdo, que seguiría enviando dinero desde el territorio bajo su control, lo hizo después de que ‘Mordisco’ impusiera su mayoría en el grupo insurgente.
Posteriormente, Díaz Mendoza solicitó formar parte de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, con el que iniciaron un proceso de paz, pero ‘Iván Mordisco’ se negó, aparentemente porque teme una posible insurrección de ‘Calarcá’.
Desde entonces, comenzó la pugna porque ‘Calarcá’ amenazó con cesar los aportes financieros y formar una nueva agrupación ilegal que no respondiera al mando del EMC, lo que debilita la posición de mando de ‘Iván Mordisco’.
Esa agrupación disidente es ahora un objetivo de las Fuerzas Militares, luego de que se reiniciaran las operaciones ofensivas en su contra. El Gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego con esa agrupación en marzo en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule Paví, el 17 de marzo, cuando acompañaba a la Guardia Indígena en el rescate de un menor de una comunidad ancestral en zona rural de Toribío (Cauca), quien fue reclutado forzosamente por el EMC, condujo a esta decisión.
A esto se suma que incluso en el ELN comienza a surgir otra disidencia, el denominado Frente Comuneros del Sur, que expresó que se separaban de las decisiones del comando central de esa agrupación insurgente, aunque esa guerrilla aseguró que esa estructura era una creación de las Fuerzas Militares.
Dicha discusión surgió días después de que el grupo armado anunciara públicamente que volvería a recurrir al secuestro como medio para recaudar dinero. Según ellos, esta decisión se justificaba porque el Gobierno no ha implementado el fondo multidonante, lo que, según ellos, demostraría “la poca voluntad de parte del Estado”.