Aunque varios indicadores de violencia mostraron una reducción en Colombia durante el 2023, las masacres y la expansión territorial de los grupos armados mostraron un aumento. De acuerdo con el informe de la ACNUDH, 206 municipios están bajo alto riesgo por el control de organizaciones criminales.
“Continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos. Aunque se ha avanzado en muchas políticas, existe un gran desafío para la seguridad de las comunidades”, señaló Juliette De Rivero, alta comisionada de la ONU.
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De acuerdo con el informe, durante el 2023 se registró un incremento en el número de municipios amenazados por la presencia de grupos armados. “En 2021 se identificó0 156 municipios, en 2022 había identificado 180 y este año 206 municipios, lo que denota la expansión de la violencia territorial”, señaló la comisionada.
Los municipios identificados se encuentran ubicados en 28 de los 32 departamentos del país. Los cuatro con el riesgo crítico son Tame, Arauca; Balboa, Cauca; Cali, Valle del Cauca, y San Andrés de Tumaco en Nariño. Del total, 45 presentan riesgo muy alto y los 156 restantes fueron catalogados como riesgo alto.
“El actuar de los grupos armados y el que no se haya podido frenar su consolidación, pone gravemente en riesgo la existencia física y cultural de varios pueblos. En varias zonas del país se ha hecho evidente que los grupos armados no estatales ejercen control sobre la vida comunitaria, extorsionando a la población, amenazándola y restringiendo su movimiento”, sostuvo De Rivero.
Otro de los indicadores que resaltó la Oficina del Alto Comisionado por preocupación debido a su aumento, es las masacres. Este tipo de hechos registró un incremento de 6,5% con respecto al 2022 con 98 hechos que fueron verificados por los equipos en terreno.
“En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, señala el informe.
En cuanto al homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el ACNUDH recibió 233 casos, de los cuales logró verificar 105 que tenían relación entre la víctima y su labor defensora, sobre los otros 128 no se obtuvo información concluyente. En ese sentido, el fenómeno mostró una disminución de casi diez puntos en comparación con el 2022.
“Aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5% en el homicidio de personas defensoras, verificados, la violencia contra ellos siguió siendo absolutamente intolerable y sigue siendo la violencia más alta del mundo”, sostuvo De Rivero.
“La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia verificó el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP en 2023. Esto representa una disminución del 5,9% respecto a 2022. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 408 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres”, señala el informe.
En cuanto al desplazamiento, la oficina señaló que se presentó una disminución del 22.9% y en los casos de confinamientos la reducción fue de 14,3% en el número de víctimas, en comparación con el año anterior. La oficina verificó 134 casos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados, sobre la que aseguró que persiste un alto subregistro.
“El presidente de la República señaló en julio que la prioridad es que los diálogos permitan el respeto integral de los derechos de la población, en este sentido es importante que la voluntad de diálogo de los grupos armados no estatales se demuestre a través del respeto irrestricto a la población civil en el trato que les dan”, resaltó la alta comisionada.
Durante la presentación del informe, que será expuesto en la Asamblea General, De Rivero citó dos frases de pobladores: “Los actores armados quieren ser actores políticos, por eso no quieren comunidades autónomas, para que ellos tengan el reconocimiento que buscan” y “en estos momentos los grupos quieren sentarse a negociar, pero no mostrar las violaciones ni las violencias que cometen”.