La Superintendencia de Sociedades decidió intervenir todos los activos, empresas y el patrimonio de María Francisca Medina de Rocha, madre de Felipe Rocha, conocido por ser el impulsor detrás de una estructura piramidal en el sector ganadero.
La medida se tomó al encontrarse que Medina de Rocha actúa como socia gestora y administradora en Achury Viejo, entidad cuyas cuentas se utilizaron para llevar a cabo actividades de recaudación no autorizadas.
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Esta intervención se sustenta en las investigaciones que detallan cómo Achury Viejo fue instrumentalizada para facilitar y expandir las operaciones de esta red, cuyas prácticas no cumplían con los requisitos legales establecidos. Dichas operaciones implicaban la captación de inversiones bajo premisas que violaban las normativas financieras colombianas, siendo este un caso notable de manipulación de fondos y abuso de confianza entre los inversores.
Según el auto, a María Francisca Rocha “le correspondía revisar y emprender alguna gestión frente a los dineros que ingresaron a las arcas de la sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA. De igual forma, por su rol y su responsabilidad solidaria, debía saber de dónde venían los recursos, qué negocios de la sociedad los sustentaban y por qué había dineros que salían de las cuentas de la compañía hacia cuentas bancarias de Felipe Miguel Rocha Medina”.
El papel de María Francisca Medina de Rocha en este esquema parece haber sido crucial, según las autoridades, ya que su gestión y manejo administrativo en Achury Viejo permitieron que estas actividades ilícitas avanzaran sin el debido escrutinio. Por otro lado, su hijo Felipe Rocha ya ha sido identificado previamente como el principal arquitecto detrás de la pirámide ganadera, lo que ha llevado a una revisión más exhaustiva de sus operaciones financieras y las de sus asociados.
“Decretar la intervención, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de María Francisca Medina de Rocha, identificada con la cédula de ciudadanía (...) y ordenar su vinculación al proceso de intervención”. Además ordena “la inmediata guarda de los bienes, libros y papeles de los intervenidos, de acuerdo con el artículo 9.4 del Decreto Ley 4334 de 2008, para lo cual el juez fijará fecha de diligencia”
Indica que la intervención la hará “Mónica Alexandra Macías Sánchez quien tendrá a su cargo la representación legal de la persona jurídica y la administración de los bienes de la persona natural objeto de intervención”.
En su decreto, la Superintendencia advierte que “los gastos propios de la intervención competen a los estrictamente necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, atendiendo la pertinencia, razonabilidad y soporte de los mismos, y que su gestión deberá ser austera y eficaz”.
Además, ordena a la interventora que “dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión, caución judicial por el 0,3% del valor total de los activos de los sujetos intervenidos, para responder por su gestión y por los perjuicios que con ella llegare a causar. Deberá amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales, incluyendo las generadas del ejercicio de su labor como secuestre de los bienes de la concursada, de conformidad con la Resolución 100-00867 de 2011. La referida caución judicial deberá amparar toda la gestión de la auxiliar de la justicia y hasta por cinco (5) años contados a partir de la cesación de sus funciones”.
Deja claro que el “valor asegurado de la caución judicial no podrá en ningún caso ser inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV), lo anterior en caso de que los sujetos intervenidos no cuenten con activos, o los mismos sean inferiores a la suma anteriormente señalada”.
Los esquemas piramidales o esquemas ponzi, han levantado alertas sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia y regulación en sectores susceptibles a este tipo de fraudes. Las autoridades continúan investigando el alcance total de esta red, buscando proteger a los inversores y prevenir futuras instancias de fraude.
La acción de la Superintendencia de Sociedades tiene como objetivo combatir las actividades económicas que ponen en riesgo la estabilidad financiera y la confianza pública en los sistemas de inversión del país.