El Ministerio de Agricultura y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) presentaron el proyecto de ley para establecer límites al aumento del Impuesto Predial Unificado (IPU), en su plan para actualizar el catastro multipropósito de aquí a lo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro.
De esta forma, si el avalúo catastral es menor o igual a $156,6 millones, el IPU crecerá máximo un 50%; si está entre $156,6 millones y $290 millones, el tope será del 100%; entre $406 millones y $580 millones, se incrementará solo hasta el 200%, y si supera los $580 millones, se podrá incrementar hasta el 300%.
El proyecto de ley, que fue presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, propone una modificación a cuatro artículos de las Leyes 44 de 1990 y 1995 de 2019.
La Ley 1995 establece que el límite del aumento del impuesto predial será del IPC+8 para los predios que hayan tenido actualización, independientemente del catastro, mientras que la Ley 44 establece un ajuste anual al valor de los avalúos catastrales, que no puede ser superior al 100% del IPC.
Ahora se establece un sistema de topes, y según la ministra Mojica, serán del 50% para los pequeños y medianos propietarios, que son “la mayoría de los propietarios rurales”. Solo a los grandes dueños les correspondería un aumento del 300% en caso de una actualización del avalúo catastral, “correspondiente a 5% de todos los propietarios del país”.
Como parte de su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional espera actualizar el catastro multipropósito en por lo menos un 70% de aquí al 2026, teniendo en cuenta que actualmente el catastro está en alrededor del 9,6%. De tal manera que el Gobierno deberá actualizar de manera física, jurídica y económica unas 80 millones de hectáreas en 600 municipios en todo el territorio nacional.
Por lo pronto, hay 123 municipios con más de 7,6 millones de predios actualizados parcial o totalmente, para un total de 10,9 millones de hectáreas.
Pero, según indicó el Ministerio de Agricultura, “la actualización de avalúo catastral puede generar incrementos hasta de 1.000% entre un año y otro, y es precisamente esto lo que se pretende minimizar”.
Justamente, la jefe de cartera aseguró que “hemos venido evidenciando en diversas conversaciones en el Congreso que, producto de la actualización catastral, se ha venido dando una disparada del predial en departamentos como Antioquia y Santander. Nuestra intención es colocar unos topes para que no se vean esos aumentos en los próximos años”.
Por su parte, el director del Igac, Gustavo Marulanda, manifestó que en los diferentes territorios de Colombia no se hace una actualización catastral, en promedio, desde hace 16 años.
El funcionario enfatizó en la necesidad de una actualización catastral orientada a múltiples propósitos, destacando especialmente la relevancia de los aspectos ambientales y de ordenamiento territorial. Este enfoque, según el instituto, busca proporcionar una herramienta clave para la toma de decisiones en diferentes sectores y garantizar un manejo sostenible de los recursos naturales y el territorio.
“La idea es que el que tiene más, pague más, pero ese pague más esté limitado de manera efectiva para que ese crecimiento de manera equitativa sea mucho más sensato frente a la capacidad de pago de los contribuyentes”, afirmó Marulanda.
Mojica añadió que la actualización catastral es esencial para la reforma agraria, porque recoge información crucial sobre predios y su valor para efectos tributarios. Además, indicó que es necesario contar con información actualizada para implementar políticas de formalización masiva de propiedad rural.
Así mismo, subrayó que el proyecto de ley no busca cambiar las formas ni las determinantes del catastro, sino regular el impacto de la actualización en el valor de los inmuebles.