Los hechos violentos y las alteraciones de orden público relacionadas con las elecciones regionales del 29 de octubre en Colombia, siguen aumentando y generando tensiones en los escrutinios que se realizan en diferentes zonas del país.
De acuerdo con un nuevo reporte del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, a 127 ascendió el número de protestas y disturbios relacionados con las elecciones.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
Cabe recordar que hace tan solo dos días, el 31 de octubre, la entidad defensora de derechos humanos había reportado 98 eventos violentos en 86 municipios de 24 departamentos. Ahora, con corte al 2 de noviembre, aumentó la cifra en un 29.5%.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, señaló que de los 127 hechos violentos, 106 ocurrieron luego de cerrada la jornada electoral, “un 83% del total de lo evidenciado en el seguimiento que hemos venido haciendo. Es una situación a la que se le debe poner freno cuanto antes”, señaló.
Fueron los cinco departamentos donde ocurrió el mayor número de hechos de conflictividad social: Cauca; con el 9%; Bolívar, Córdoba y Santander, con el 8% y Chocó, con el 7%. A estos, les siguieron: Tolima, con el 7%; La Guajira y Norte de Santander, cada uno con el 6%.
En lo que respecta a los hechos más relevantes de alteración al orden público durante las elecciones territoriales, estos se presentaron en 13 poblaciones, donde hubo quema o destrucción de material electoral: Almaguer y Balboa (Cauca), Pueblo Rico (Antioquia), Gachantivá (Boyacá), La Paz (Cesar), Chinú (Córdoba), Imues, La Cruz y El Rosario (Nariño), Fonseca (La Guajira), Palocabildo (Tolima), Ricaurte (Nariño), Santiago (Putumayo) y Tiquisio (Bolívar).
Las principales motivaciones de los manifestantes, dice el informe de la Defensoría del Pueblo, siguen siendo el desconocimiento de resultados electorales, con un 47%, y presuntas irregularidades asociadas a fraude electoral, con un 26%.
En el previo de los comicios fue atacada la Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) y con posterioridad a los mismos, las oficinas de la Registraduría de Almaguer (Cauca), Chinú (Córdoba), y El Rosario (Nariño), Tiquisio (Bolívar), Manaure (Guajira) y Becerril (Cesar), también fueron objeto de asonada.
Además, en Manaure (La Guajira), Murindó (Chocó), Imues (Nariño), Samaná (Caldas) y Villa Rica (Cauca) resultaron atacados otros bienes públicos.
Las otras razones por las cuales se presentaron hechos violentos, según la Defensoría, fue por la escasa diferencia de votos entre uno y otro candidato, reclamaciones electorales de diferentes tipos, la polarización política, la pugnacidad y la exclusión de cédulas del censo electoral y revocatoria de candidaturas.
“Lo ocurrido, por ejemplo, en el municipio nortesantandereano de San Calixto, donde fueron incendiadas la Alcaldía, la Casa de la Cultura y la Registraduría, no puede continuar sucediendo. Por eso, reitero a la ciudadanía una vez más, deben acudir a las instancias y entidades competentes para tramitar las denuncias o quejas por presuntos delitos electorales. Evite el uso de la violencia y las vías de hecho, así no se exige la garantía de los derechos”, dijo Carlos Camargo Assis.
Pese al actual panorama, el defensor del Pueblo dejó claro que desde la entidad continuarán acompañando a las poblaciones en el escenario postelectoral. Este anuncio es importante si se tiene en cuenta que, el miércoles 1 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que los comicios en varias regiones del país continuarán hasta su declaratoria, en el marco del debido proceso administrativo.
Para ello, informaron que los escrutinios se pueden llevar a cabo con imágenes fotográficas de los formularios E-14, decisión que tomaron las autoridades electorales tras hechos de violencia en los que dichas actas de escrutinio fueron destruidas por alteraciones del orden público en varios municipios.