En varios municipios de Santander circularon panfletos firmados por supuestos integrantes del Bloque Sur de las Águilas Negras en los que fueron amenazados excombatientes de las Farc que se encuentran en proceso de reincorporación y líderes sociales que respaldan la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc.
En ese sentido, las intimidaciones también fueron dirigidas a defensores de derechos humanos e incluso a personas que están realizando labores de acompañamiento y respaldo al trabajo adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el departamento.
Concretamente, el documento anunció “sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados y colaboradores del fallido proceso de paz. No le permitiremos respirar más; por lo tanto, a los colaboradores que disfrazados en buscar campos minados y supuestos cuerpos desaparecidos engañan al país con el fracasado acuerdo de paz a esos abogados de guerrilleros, magistrados (...) Deben morir. En consecuencia, los declaramos objetivo militar”. Las amenazas, según el panfleto, están dirigidas a nivel nacional pese a haber circulado en ese departamento del oriente colombiano.
En esta intimidación, que fue rechazada por diversos sectores sociales y políticos, los supuestos integrantes de esa estructura hablaron de “descuartizar, torturar y desaparecer para que sean el ejemplo de limpieza que queremos en este país”.
Pese a que este documento aún es materia de investigación, el defensor del Pueblo en Santander, Rodrigo González Márquez, rechazó esos mensajes contra magistrados de la JEP, excombatientes y líderes sociales, y exhortó a las autoridades para esclarecer el origen de ese panfleto y su veracidad.
“Somos los ciudadanos los dueños del orden público, no pueden venir esos grupos armados a generar ese tipo de zozobras, qué tan cierto es el panfleto o no, las instituciones encargadas lo dirán”, manifestó el funcionario en declaraciones recogidas por Blu Radio. De igual manera, enfatizó en que la Defensoría rechazará cualquier acto intimidatorio hecho por los grupos armados ilegales.
De igual manera, González hizo un llamado al Gobierno nacional para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a los firmantes de la paz que podrían estar en peligro tras la divulgación de ese panfleto. “Tenemos que tratar de mirar qué se puede hacer, tratar de cobijar a esas personas que salen referenciadas en el panfleto”, sostuvo, y agregó que los mecanismos de denuncia están abiertos para reportar cualquier hecho similar que ponga en peligro las vidas de estas comunidades.
Esta no es la primera amenaza contra integrantes de la JEP. A comienzos de mayo el magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar recibieron un ultimátum de parte del Clan del Golfo. Al teléfono celular del togado que está a cargo de las investigaciones sobre ‘falsos positivos’ y cuerpos inhumados en Dabeiba (Antioquia) llegó un mensaje de esa estructura ilegal.
“Hemos declarado objetivo militar a usted y su magistrado auxiliar Hugo Escobar (...) ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado” se leyó en el comunicado entregado. Ante esto, el tribunal de justicia transicional rechazó estos ataques y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos “y sancionar a todos los responsables”. A la administración Petro solicitó la desarticulación de estructuras criminales que atentan “contra la paz de todos los colombianos”.
Esa voz de rechazo fue replicada tanto por el Ejecutivo como por el Gobierno de Estados Unidos, que envió un nuevo espaldarazo al trabajo adelantado por esta jurisdicción.
“Rechazo vehementemente las graves amenazas contra el Magistrado Alejandro Ramelli de la JEP y su magistrado auxiliar Hugo Escobar, quienes trabajan valientemente por esclarecer hechos de desaparición forzada en el país. Instamos a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables y a garantizar la seguridad del personal de la Jurisdicción”, expresó la embajada del país norteamericano en Bogotá.