Erika Aponte había pedido ayuda. El pasado 11 de mayo se dirigió a la casa de justicia de la localidad de Usme para denunciar que sufría de maltrato por parte del hombre que le quitó la vida, Christian Rincón. Allí le habrían ofrecido trasladarla junto con su hijo de ocho años a una casa refugio, opción que ella supuestamente rechazó.
También le recomendaron interponer una denuncia ante la Comisaría de Familia y que pidiera medidas de protección, sugerencias que sí acogió. De esta manera, aquella entidad le impartió cuatro medidas: conminar a Christian Rincón de cesar los actos de violencia contra ella; que parara la instrumentalización de su hijo; prohibirle acercarse a Erika y a su hijo; y que no se acercara a su lugar de trabajo.
Sin embargo, fue justamente en su lugar de trabajo, el centro comercial Unicentro de Bogotá, donde Christian Rincón acabó con su vida propinándole dos disparos. El hombre habría entrado por la puerta 3 del establecimiento, luego se encontró con su expareja y tras una discusión le disparó en frente a los cientos de testigos que se encontraban en el lugar.
“¿Cómo un hombre de estos entra armado al centro comercial y nadie lo requisa, nadie se da cuenta de lo que estaba a punto de hacer?”, se preguntó una amiga cercana a la víctima, en declaraciones entregadas al periódico El Tiempo.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que a Erika sí se le prestaron todas las medidas de atención oportunas y que las entidades actuaron oportunamente otorgando las medidas de protección previstas. “Todas actuaron inmediatamente y le ofrecieron las medidas de asistencia y protección previstas. Nadie actuó mal y, sin embargo, no logramos salvarla del machismo violento de su expareja”, señaló la mandataria.
Pero los allegados a la víctima dicen que algo falló en la ruta de atención y que su muerte se hubiera podido evitar. De hecho, expertos consultados por el medio mencionado señalaron que el tipo de medidas que se adoptan en estos casos suelen ser “insuficientes o posteriores, no de reacción inmediata”.
Camila Moreno, abogada experta en derecho de familia, le indicó al diario bogotano que “la capital del país es privilegiada porque tiene una oferta institucional que no se ve en otras zonas del país, con Casas de la Mujer, Comisarías de Familia y la ‘línea de vida’ disponible las 24 horas del día”.
No obstante, dijo que se sigue contando con dificultades como “la coordinación entre las diferentes entidades y sectores involucrados, ya que muchas mujeres salen devastadas de las comisarías y empeoran al dirigirse a las fiscalías. Como resultado, llegan a pensar que su situación no tiene remedio”.
Por su parte, Julián Amaya, juez civil municipal, le dijo al mismo medio que en estos casos “las medidas que se le brindan no son inmediatas sino posteriores. Al no tener unas medidas que puedan garantizar a una persona su seguridad inmediatamente, la denunciante se va para su casa y puede ocurrir cualquier cosa”.
Además, dijo que las medidas de alejamiento que se suelen impartir no suelen ser efectivas. “Le comunican a la persona que no se puede acercar, pero más allá de ahí no pasa nada”, explicó.
Familiares le reclaman a Unicentro
Entre tanto, los familiares de Erika Aponte le reclaman al centro comercial Unicentro por lo sucedido. “¿Cómo Christian pudo entrar tantas veces al centro comercial después de que ella tenía medida de protección?”, preguntó una tía de la joven. “Ella habló en el centro comercial y expuso el tema, llevó los papeles, la documentación”, agregó.
Según esa familiar de la víctima, la pareja se había separado 13 días antes del asesinato y por ese motivo el hombre permanecía acechando a Erika. “Él iba al centro comercial. Él estuvo allá de grosero, se llamó a la Policía, un agente fue, no lo requisó, le dijeron que se fuera y lo sacaron. Por eso ella fue a quejarse el jueves [11 de mayo de 2023] y le dieron medida de protección permanente”, relató la tía de la joven asesinada.