Luego de conocerse el ataque con ácido perpetrado contra la lideresa social Patricia Cardozo, organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos feministas rechazaron lo ocurrido y le exigieron a la administración local de Tunja y al Gobierno nacional garantías de seguridad para que no sigan ocurriendo estos atentados.
A través de un pronunciamiento, el movimiento Causa Justa reprochó ese ataque y la “negligencia de las autoridades” al no asignarle de manera oportuna un esquema de protección, tal y como lo había pedido en diversas ocasiones durante 2022. De igual manera, exigió garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país, especialmente las mujeres, quienes “merecen especial atención cuando denuncian estar en riesgo”.
Sumado a esto, compañeras y otras voceras feministas realizaron un plantón frente a la sede de la Alcaldía de Tunja para pedir respuestas concretas no solo en las investigaciones sino también en las medidas que se adoptarán en favor de la lideresa que trabaja en el hospital San Rafael, donde fue atendida por causa de las heridas.
Kimberly Ochoa, integrante de la Plataforma Feminista Boyacense, detalló a medios locales que fueron identificadas varias situaciones de riesgo que pusieron en peligro la vida de Cardozo, y pese a que fueron puestas en conocimiento de las autoridades, no se tomaron las acciones pertinentes. “Hemos logrado identificar varias situaciones: la primera fue una agresión con cualificación jurídica de tentativa de homicidio (...) Lo segundo es que Patricia venía reportando desde el año pasado amenazas en contra de su vida y la de su familia; incluso había sido amenazada en su oficina de trabajo”, indicó en diálogo con el portal Facetas de Boyacá.
De igual manera, precisó que se habían hecho cuatro ampliaciones de denuncia y que el 20 de diciembre la Unidad Nacional de Protección hizo una valoración del riesgo, calificándolo de ‘extraordinario’, por ese motivo, destinó un esquema de seguridad y varios requerimientos que no habrían sido atendidos por falta de recursos, de acuerdo con la secretaría de Hacienda de Tunja.
Concejo municipal se pronunció sobre el caso
A través de un pronunciamiento emitido en la noche del martes 11 de abril, las bancadas rechazaron la agresión perpetrada contra la defensora de derechos humanos y le hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen los hechos y se judicialicen a los responsables.
“Estamos atentos a enfrentar esta crisis, producto del flagelo de la violencia que no solo afecta a la comunidad tunjana, sino que viene azotando al país y al departamento de Boyacá y que nos pone en alerta respecto de la seguridad de la comunidad y la agilidad de las autoridades competentes, especialmente la de la Unidad Nacional de Protección para que realice las acciones necesarias y urgentes”, señaló el Concejo de esa ciudad.
De igual manera, insistieron en seguir manifestando el rechazo hacia la violencia contra las mujeres y dieron a conocer que citaron para el miércoles 12 de abril al secretario del Interior de la capital boyacense, coronel William Bayardo Herrera, para que dé a conocer “la trazabilidad de la solicitud de protección realizada por la víctima de estos hechos”.
Cabe mencionar que tan pronto se conoció el ataque contra la lideresa, la alcaldía afirmó que indicó que tras las advertencias de amenazas contra la víctima, el 13 de septiembre de 2022 fue convocado un consejo de seguridad extraordinario antes de implementar las medidas por parte de la UNP. En ese encuentro fueron acordadas medidas como “patrullajes, seguimientos y rondas al lugar de domicilio de la ciudadana”.
De paso, manifestaron que el 13 de febrero de 2023 fue recibida la notificación de la Resolución 11833 del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas —Cerrem— en la cual fue decretado el riesgo extraordinario para Patricia Cardozo y se ordenaron las medidas de protección.