El juez 25 penal Romel Arévalo denunció que los 16 nuevos imputados en el caso de corrupción Odebrecht han sido perseguidos por la Fiscalía, Lo anterior se debe a que los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también actúan como testigos de Luis Fernando Andrade, exdirector de la entidad.
La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Francisco Barbosa, citó a imputación de cargos a 16 personas por este caso de corrupción el 21 de febrero de 2023, luego de que los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinaran que habían recibido sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
A pesar de que en ese momento Luis Fernando Andrade contaba con condiciones diferentes dentro del caso de corrupción, ya que, “cuenta con una investigación en etapa de juicio”; el exdirector de la ANI debe esperar a las declaraciones de los testigos, quienes en este caso serían determinantes para confirmar su culpabilidad o inocencia.
Sin embargo, estas personas precisamente denunciaron que han sido presionados por la Fiscalía y que ahora “temen declarar”.
Estos funcionarios hicieron parte del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI entre 2012 y 2015, por esa razón Andrade los citó para las audiencias previas que se llevaron a cabo en diciembre de 2022 y enero de 2023.
El fin de que estas personas declararan era encontrar detalles que explicaran varios hechos de corrupción, principalmente sobre la celebración de contratos que hacían parte del consorcio de la Ruta del Sol II.
Tras estas declaraciones, los testigos fueron imputados en febrero de 2023. Según la Fiscalía General, estos exfuncionarios argumentaron que desconocían algunas de las leyes de contratación y permitieron que el contratista asumiera los diseños de una nueva vía entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar).
“Se dice que los van a citar por los hechos por los que voluntariamente decidieron rendir testimonio. Inicialmente, teníamos entre 10 y 12 testigos, pero llegaron solo ocho porque tienen miedo de represalias. La intención era atemorizarlos y lo lograron”, explicó Danna Salgado, abogada del exdirector de la ANI.
Salgado aseguró que desde el inicio de este proceso se han presentado varias situaciones que no han permitido avanzar correctamente con el caso, además el juez Romel Arévalo se sumó a estas afirmaciones y denunció que ha recibido amenazas, “el escenario no puede ser más grave. Esto no es normal, es la primera vez que sucede en mi carrera”, dijo. Además, afirmó que ha recibido varios ataques por parte de hackers.
Debido a las declaraciones previas, que llevaron a estas personas a ser testigos y luego pasaron a ser imputados, ahora los 16 exfuncionarios del comité mencionado de la ANI no tienen intenciones de seguir rindiendo declaraciones.
“De por sí es complejo buscar testigos, ahora es peor porque tienen miedo de los procesos judiciales que les vayan a iniciar aun sin tener nada que ver”, agregó la abogada Salgado.
Arévalo reafirmó sus denuncias y entregó una serie de declaraciones en las que cuestionó el proceder del ente judicial: “Me parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez de decidir sobre este caso. ¿Acaso me están enviando un mensaje?, ¿me están diciendo que si absuelvo, entonces, seré objeto de investigación o que si condeno también?, ¿qué es lo que quiere la Fiscalía?”, señaló.
Frente a estas declaraciones, el fiscal del caso, Juan Delgado, respondió al juez y además explicó que desde la entidad judicial se tiene conocimiento sobre la modalidad de reclutamiento de Andrade, que habría contratado a estos funcionarios para intenciones propias, “que los testigos estén intimidados seguramente puede pasar por la situación que se presenta”, mencionó Delgado.