Tras la discusión en torno a la posibilidad de que algunos narcos y miembros de grupos armados pudieran ejercer como gestores de paz y accedieran a la posibilidad de que se le suspendiera la orden de captura, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, explicó que pese a lo señalado por el Gobierno esto no sería posible debido a que los crímenes de estos sujetos estarían tipificados como delito común.
Entre los que hicieron la solicitud se encuentra Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias ‘Pinocho’ que hoy día se encuentra en una cárcel de España, país donde fue detenido hace un año debido a que fue pedido en extradición desde Colombia por un crimen relacionado con narcotráfico y por su presunto vínculo con la banda los Pachencas.
Castillo contó a El Tiempo que pidió ser gestor porque quiere aclarar su situación en el país, pues según su versión, salió de Colombia, ya que recibió varias amenazas por parte del ELN, el Clan del Golfo y los Pachenchas, y que, incluso, renunció a la protección internacional que le dio hacer algunos años México, pues es reconocido como víctima del conflicto debido a atentados y amenazas.
Posteriormente, en el espacio comenzó a contar los que sucedió luego de pagar condena en Norteamérica: “Regresé a finales del 2011 y comencé a trabajar en la finca de mis padres que dejaron, en la agricultura. Pero, lamentablemente, en 2016 fui amenazado por el ELN. Puse la denuncia en Aguachica, en Bogotá, en la Fiscalía. A lo cual también entregué una cooperación de unas personas que estaban extorsionando, creo que el grupo guerrillero y creo que fueron capturadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP), hizo un estudio y vieron que yo estaba en riesgo y me asignaron tres escoltas armados, una camioneta blindada y un chaleco. Los tuve vigentes hasta el momento de salir del país”.
Sin embargo, pese a recibir la ayuda de la justicia colombiana, decidió salir del país huyendo y que nunca imaginó que tras hacer una vida en el país europeo lo iban a acusar nuevamente de crímenes asociados al conflicto armado, pues incluso, se autopercibe como una víctima.
Recordemos que el argumento de la Fiscalía para denegar la solicitud hecha por el Gobierno encabezado por Gustavo Petro fue que esta decisión está basado en que las estructuras y bandas mencionadas no tienen un sustento político ni ideológico, como pasa en el caso de las guerrillas, además de que tendría que haber un marco jurídico que sustentará esta decisión basándose en el principio de sometimiento a la justicia.
“No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “velar por la protección de las víctimas””, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Y añade que “La postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”.