En 1974, el Concejo de Bucaramanga cedió gratuitamente la red de alcantarillado de la ciudad a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), razón por la cual actualmente la administración municipal no puede intervenir y mejorar las alcantarillas, pues eso es responsabilidad de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas), una compañía creada en 2006 por la CDMB y sobre la que la Alcaldía no tiene participación.
Esta situación hizo que Carlos Parra y Danovis Lozano, concejales de la ciudad, junto con Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander, lideraran una acción colectiva que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del departamento para que la administración de Bucaramanga pueda hacerse cargo del alcantarillado.
“Lo que han visto los ciudadanos son dos cosas, primero un fortín de la política que se agrupó en esa corporación y amarró contratos para enriquecer a los actores políticos de la región y en segundo lugar pésimo servicio con altos costos para la ciudadanía”, dijo Carlos Parra, que además agregó que en la capital santandereana es la ciudad donde más caro se paga el alcantarillado.
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La CDMB, la Empas y la Alcaldía de Bucaramanga ya fueron notificadas de su condición de demandadas. Según los accionantes de la demanda en cuestión, la cesión gratuita del alcantarillado violó los derechos a la moralidad administrativa, patrimonio público y libre competencia.
Para ellos, aquella operación acordada hace casi 50 años privó a la ciudad de “recibir los beneficios económicos (…) por el ejercicio de la prestación del servicio público” y eso impide emplear esos recursos “en otras inversiones que permitan garantizar de manera óptima el saneamiento básico de las familias de Bucaramanga”.
Tanto los concejales como el representante Avendaño revisaron los documentos de cuando el Concejo de ese entonces entregó el alcantarillado a la CDMB y llegaron a la conclusión de que “no se podía hacer una donación de tal magnitud sin que el municipio reciba nada a cambio y decidimos demandarlo”.
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“Los bumangueses no reciben un peso de utilidad ni tienen participación societaria en la Empas. Es como si le hubiéramos dado el alcantarillado a un tercero y nos desentendimos. Es importante que lo recuperemos porque, cada vez que hay un invierno fuerte, las alcantarillas se desbordan y terminamos afectados. Actualmente, no es posible que desde la alcaldía se invierta en el alcantarillado”, dijo por su parte Carlos Parra para Cambio.
La acción popular tiene como fin anular la decisión del Concejo de haber cedido el alcantarillado, pero de no lograrse este objetivo, se busca que al menos la CDMB le ceda a la Alcaldía sus acciones en la Empas. “Pese a que no se tiene certeza de cuánto valen las alcantarillas, desde la Empas se ha dicho en más de una ocasión que la compañía está avaluada en 96.000 millones de pesos”, le dijo Parra al medio mencionado.
Aquella empresa también presta sus servicios a Floridablanca y Girón, aledaños a Bucaramanga y que hacen parte de su área metropolitana. La decisión que tome el Tribunal Administrativo de Santander también podría tener repercusión en aquellos municipios.
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El proceso legal puede durar algunos años y una sentencia será la que decida si la capital de Santander pueda volver a administrar su propia red de alcantarillado o no. “Queremos que los ciudadanos se hagan partícipes de esta acción porque sabemos que este es un tema que se siente en los barrios y en las casas”, concluyó Parra.
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