La jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará de forma inminente China durante “seis o siete días”.
El viaje de Bachelet incluirá una visita a Xinjiang, la región del extremo occidental donde el régimen chino es acusado de persecución generalizada de los uigures y otras etnias musulmanas.
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Aunque la ONU todavía no confirmó oficialmente la fecha exacta, Bloomberg informó anteriormente de que tendrá lugar la próxima semana.
Desde finales de abril, una misión de avanzada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se encuentra en China para preparar la visita de la alta comisionada Bachelet.
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Los integrantes de la misión “están visitando los lugares a los que llegará la alta comisionada, en particular Canton y Xinjiang, se están encontrando con autoridades, con la sociedad civil y otros organismos de Naciones Unidas”, detalló la portavoz Elizabeth Throssell, la semana pasada.
“La alta comisionada espera abordar (ciertos) asuntos de una manera franca y abierta con las autoridades y otras partes interesadas en su visita a finales de este mes”, agregó.
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“La alta comisionada y su oficina han estado comprometidos con las cuestiones de derechos humanos en China, incluida Xinjiang, tanto de manera pública como privada”, aseguró Throssell en un correo electrónico.
Informe retrasado
El pasado septiembre, desde la oficina de Bachelet se aseguró que el informe sobre los derechos humanos en China se estaba finalizando y se esperaba su publicación a más tardar a principios de este año, pero esto todavía no ha ocurrido.
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“Como ocurre con otros informes que preparamos, China -en su calidad de país involucrado- recibirá el informe cuando esté listo para que el gobierno pueda expresar sus puntos de vista o presentar más información”, explicó la portavoz.
La revisión del informe por parte del régimen chino y sus probables objeciones no implican que su contenido sea modificado, a menos que someta información nueva que refute alguna conclusión.
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En 2017 empezaron a salir a la luz los primeros informes de la existencias de campos de internamiento en esa región, que podría haber albergado a mucho más de un millón de personas.
Ante las evidencias, el régimen chino reconoció su existencia, pero señaló que se trata de “centros de reeducación” que tenían el objetivo de prevenir el extremismo que Beijing asocia con los uigures por haber estado involucrados en el pasado en atentados.
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(Con información de EFE)
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