Túnez, 6 jun (EFE).- El Tribunal Militar de Apelación de Túnez aplazó hasta el 4 de julio el juicio contra la opositora Chaima Issa, que se enfrenta a un año de prisión incondicional por "insultos" al presidente tunecino, Kais Said, reveló este jueves a EFE su abogada, Dalila Ben Mbarek.
La decisión, explicó, fue tomada a petición de la defensa, que lamentó la prolongación del proceso como parte de la política de acoso judicial contra críticos del jefe del Estado.
La militante culpó al presidente en una emisión de radio de atacar el proceso democrático iniciado con la revolución de 2011, por lo que es acusada en base al polémico decreto-ley 54 que castiga con hasta diez años de cárcel las noticas "falsas" y rumores. En una primera sentencia la Justicia castrense le condenó a un año de cárcel suspendida y el pasado mes de mayo decidió agravar la pena.
Issa es la única prisionera política liberada de más de una veintena de figuras políticas en prisión provisional desde hace más de un año- pese a que la ley limita esta medida a un máximo de 14 meses- por un caso de "complot contra la seguridad del Estado", en el que Issa también está imputada aunque en libertad provisional.
Entre los acusados se encuentra el exdirigente del partido Ettakatol -y de nacionalidad española- Khayam Turki; el exvicepresidente del partido islamista Ennahda Abdelhamid Jelassi; el cofundador del partido Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el secretario general del Partido Republicano, Issam Chebbi, y el constitucionalista Jaouhar Ben M’barek.
Miembro de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional, fue detenida en febrero de 2023 en una campaña de arrestos de figuras políticas, empresarios y periodistas y liberada de manera provisional cinco meses más tarde. Tras su liberación, el juez decretó la prohibición de abandonar el país y de participar en cualquier actividad política en el espacio público.
Said ha advertido que "quienes exoneren" a sus opositores -que califica de "terroristas"-, serán considerados "cómplices", por lo que las asociaciones de magistrados denuncian un ataque contra la independencia judicial. EFE
nrm/pddp
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