La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a ser blanco de críticas por sus manejos en la Justicia: los empresarios y la Rural manifestaron su preocupación por la designación "irregular y discrecional" de fiscales.
Las quejas por los nombramientos se dispararon cuando la Asociación de Magistrados y Funcionarios denunció que la funcionaria kirchnerista había asignado cargos en fiscalías que aún no comenzaron a funcionar.
Tras esa alerta llegó el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que apuntó de lleno contra las últimas acciones impulsadas por el oficialismo en el ámbito judicial. "Estas medidas, que afectan la imparcialidad del Poder Judicial de la Nación, lesionan la previsibilidad y la seguridad jurídica necesarias para la adopción de decisiones empresarias vinculadas con la realización de inversiones productivas, la creación de empleos de calidad y el desarrollo económico y social de nuestro país", sostuvo la entidad.
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La Rural advirtió que el kirchnerismo podría impulsar causas contra adversarios políticos y garantizaría la impunidad de funcionarios y amigos del poder
Un análisis similar hicieron los representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quienes advirtieron que "el avance sobre la Justicia pone en riesgo la institucionalidad del país". Al respecto evaluaron que "la elección discrecional de fiscales que se efectuó recientemente constituye un serio peligro para la separación de poderes y no da garantía de la imparcialidad que se espera".
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Los representantes del campo advirtieron que "toda resolución de conflictos que se dirima en la Justicia podrá ser influenciada por decisiones arbitrarias donde se impulsen causas contra supuestos adversarios políticos y, por otro lado, se busque garantizar la impunidad de funcionarios o amigos del poder".
"Las políticas oficiales tendientes a colonizar las instituciones judiciales hieren gravemente la seguridad jurídica necesaria para que haya inversión y generación de fuentes de empleo genuino", remarcó la entidad a través de un comunicado.
Inicialmente la Asociación de Magistrados alertó que estas decisiones de Gils Carbó podrían encubrir "la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".