El "captahuellas" se suma a la larga lista de mecanismos de control que caracterizan al gobierno venezolano desde la llegada del chavismo al poder. "La medida no ataca las causas estructurales del desabastecimiento y como estamos ante un gobierno que aplica mecanismos de persecución y control social con tintes políticos, la preocupación es que esta idea venga por esa línea", subrayó Rafael Uzcátegui, directivo de Provea, en declaraciones recogidas por El Nacional.
Por su parte, el constitucionalista José Ignacio Hernández afirmó al mismo periódico que el "captahuellas" es contrario a la Constitución porque el sistema económico venezolano parte del principio de soberanía del consumidor: "Es decir, son los ciudadanos y no el Estado los que deciden qué bienes adquirirán. Con el sistema biométrico, el Estado será el que decida y eso es inconstitucional".
En tanto, el penalista Jesús Ollarves sostuvo que las amenazas de confiscar bienes a los contrabandistas constituyen una restricción ilegitima al derecho a la propiedad privada.
"La medida no ataca las causas estructurales del desabastecimiento"
El control de huellas regirá desde el 30 de noviembre
El gobierno de Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de un 40% de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, aumentó este mes su ofensiva contra el contrabando y Andrés Eloy Méndez (superintendente de Precios Justos) remarcó que "es un error" asociar este delito "solo a la frontera".
"También se realiza internamente en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado mercado negro y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares", destacó el funcionario.
El sistema de captahuellas permitirá que cada venezolano "haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces" más de lo que necesite.
Maduro dijo la semana pasada que su decisión de instalar esta tecnología en las tiendas públicas y privadas constituye una orden "ya dada" a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.
Maduro explicó que el sistema es el mismo que utilizan las autoridades electorales para evitar fraudes
Explicó que el sistema es el mismo que utilizan las autoridades electorales para evitar fraudes con los votos, remarcó que ampliarlo ahora a los comercios "es una bendición" y que no duda de que "será un sistema perfecto".
Para la oposición política y económica, la iniciativa oficial es igual a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de los Castro subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos.
La escasez de productos es uno de los principales síntomas de la crisis económica de Venezuela. Pese a que Maduro culpa a los empresarios, la galopante inflación y las dificultades para conseguir productos básicos son un drama cotidiano de los venezolanos.
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