Según trascendió, la Argentina aceptó resarcir a las compañías con dos títulos públicos en dólares, el Bonar 2017 y el Boden 2015, a cambio de una quita en los montos que exigen como indemnización ante las pérdidas acarreadas por medidas tomadas durante la crisis financiera argentina de comienzos de este siglo.
El anuncio estará a cargo del vicepresidente Amado Boudou, quien provisoriamente ejerce la presidencia de la nación, desde el quinto piso de Economía, con transmisión en videoconferencia desde Washington del ministro Hernán Lorenzino.
El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un órgano dependiente del Banco Mundial al que acuden las empresas internacionales cuando son afectadas por supuestos incumplimientos contractuales, como los que surgieron con el congelamiento de las tarifas de compañías de servicios públicos y su conversión de dólares a pesos en medio de una fuerte devaluación.
Las empresas incluidas en el acuerdo con el Ministerio de Economía sería Azurix, Blue Ridge Investments, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company, indica el diario Ámbito Financiero.
Las demandas pendientes se estiman en u$s15.000 millones
Azurix, que prestaba servicios de agua potable, y Blue Ridge, que heredó la demanda cuando compró la participación de CMS Gas Transmission Company en una transportadora de gas natural en la Argentina, obtuvieron sentencias favorables en el CIADI por más de u$s300 millones en conjunto.
Hasta ahora, la Argentina se ha negado a compensar a la mayoría de las empresas que han obtenido fallos favorables en el CIADI con el argumento de que debían litigar en tribunales locales, lo que llevó a Washington el año pasado a cancelar una serie de beneficios comerciales al país.
Según estimaciones del estudio OJF y asociados, que encabeza el ex viceministro de Economía, Orlando Ferreres, la Argentina logró concluir arbitrajes en el CIADI por u$s3.030 millones, mientras que mantenía en trámite demandas por u$s15.000 millones, de los cuales poco más de u$s10.000 millones correspondería a Repsol por la expropiación sin compensación de gran parte de su tenencia accionaria en YPF.