El problema de la corrupción en México se volvió tan grave en los últimos cinco años que por primera vez el Instituto Nacional de Estadística le tuvo que poner un número a los sobornos que los empresarios tienen que desembolsar para realizar algún trámite.
Al incluir en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige) preguntas relacionadas con los montos que se pagan por corrupción -coloquialmente conocidos como "mordidas"-, México se convirtió en el primer país de América Latina que a través de su organismo oficial de medición le pone números a la corrupción.
A nivel mundial ya se mide en países como Reino Unido, Canadá y los integrantes de la Unión Europea.
Según explicó personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anteriormente sólo se preguntaba sobre la percepción del tema, más no los montos que se habían pagado para evitar multas, sanciones o agilizar trámites.
"No es común que se le ponga número o que una institución de gobierno lo haga. Hay muchos esfuerzos de empresas como KPMG o consultorías, que hacen mediciones a nivel mundial", resaltó a Infobae Pablo Montes, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un think tank impulsor de medidas anticorrupción en el país.
Las cifras de la vergüenza
La encuesta revela que las empresas mexicanas pagaron en 2016 alrededor de 1.600 millones de pesos (USD 88 millones) en sobornos, el gasto promedio fue de 12.243 pesos (USD 672) por cada acto de corrupción.
El INEGI consultó a 34.681 propietarios de empresas de todos los tamaños y sectores, que en promedio tuvieron que realizar en el año un promedio de 19.5 trámites en los tres niveles de gobierno.
La mayoría de los entrevistados revelo que pagaron sobornos para que algún empleado de gobierno agilizara sus trámites (64%), evitar multas o sanciones (39%) y el otorgamiento de permisos o para evitar la clausura de sus negocios (30%).
Los datos causaron controversia no sólo porque el gobierno tiene que medir su nivel de corrupción sino porque también deja expuesto que empresarios se prestan a cometer un acto de corrupción.
Candelaria Ochoa del opositor Movimiento Ciudadano (MC), integrante de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, dijo a Infobae que por un lado resulta "vergonzoso" que el tema de la corrupción haya llegado a un nivel que el gobierno tenga que medirse a sí mismo, cuando en teoría este tipo de situaciones no tendrían por qué presentarse.
Pero también es una mancha sobre a clase empresarial que por un lado se queja de la corrupción oficial y por el otro se presta a fomentarla pagando sobornos en lugar de denunciar a los empleados o funcionarios corruptos de alto nivel.
"Esto es muy grave porque si no denuncias abres la puerta al siguiente paso", expresó.
Hace meses propuso una iniciativa que fue rechazada por la Cámara para que los servidores públicos que aceptarán sobornos fueran inhabilitados de por vida para trabajar en el gobierno. Pero ahora, añadió, también habría que poner sanciones ejemplares contra los empresarios corruptos.
La presentación de los resultados de la encuesta se da en medio de la discusión sobre la designación del Fiscal Anticorrupción, una figura que tendrá la tarea de acabar con este tipo de acciones. Pero el Senado ya tiene un retraso de unos tres meses en el nombramiento al no encontrar entre los aspirantes a la persona idónea.
Actualmente el Senado se encuentra en receso, que terminará en septiembre, y no ha mostrado intención de convocar a un periodo extraordinario para nombrar al "Zar Anticorrupción".
"Los montos de la encuesta no quieren decir en realidad cuánto cuesta la corrupción, pero es importante tener una primera aproximación ante la dimensión del problema", señala el investigador del IMCO.
A nivel mundial, en 2016 México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional.
El país se ubicó en el lugar 95 en 2015, pero en 2016 pasó al sitio 123 de entre 176 países analizados.
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