La Corte Suprema de Brasil ratificó este jueves el valor legal de las confesiones hechas por directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial han incriminado al presidente del país, Michel Temer, en asuntos de corrupción.
En la misma decisión, el tribunal confirmó como instructor de ese caso al juez Edson Fachin, quien solicitó examinar ambas cuestiones frente a unas dudas suscitadas por el gobernador del estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, también salpicado por la confesión de JBS.
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Azambuja había objetado la validez de esos testimonios, en los que directivos del que es uno de los mayores grupos cárnicos del mundo admitieron ante la justicia que desde hace más de una década sobornan a políticos en los ámbitos nacional, regional y municipal.
La más grave de las declaraciones afecta directamente a Temer, quien por esos testimonios ha sido objeto de una denuncia presentada por la Fiscalía ante el propio Supremo por el supuesto delito de corrupción pasiva.
Los ejecutivos de JBS acusaron a Temer de recibir coimas de ese grupo desde 2010 y aportaron una explosiva grabación, en la que el mandatario escucha en silencio o consiente unas maniobras ilegales relatadas por el dueño del grupo, Joesley Batista, durante una visita que le hizo en la residencia oficial de la Presidencia.
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Temer ha negado todas las acusaciones y ha enfrentado con firmeza una fuerte presión por su renuncia encabezada por la oposición en pleno pero a la que se han sumado algunos sectores de la propia base oficialista.
La denuncia formulada por la Fiscalía fue remitida este jueves por el Supremo a la Cámara de Diputados, que por normas constitucionales debe avalar la apertura de un eventual juicio contra un mandatario en pleno ejercicio del poder.
Temer fue notificado este miércoles del inicio del trámite en la Cámara de Diputados después de que la denuncia fuera leída ante el plenario, que lució virtualmente vacío pese a que el proceso puede derivar en la suspensión del presidente.
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La notoria ausencia de parlamentarios fue interpretada como una prueba de la fuerza que Temer mantiene en la Cámara baja, donde los partidos de la coalición oficialista todavía conforman una clara mayoría, pese a que ha menguado al calor del escándalo.
En caso de que los diputados, con una mayoría de dos tercios del pleno, votaran por aceptar la denuncia, el asunto regresará a la Corte Suprema, que tomará la decisión final y, si se inclina por enjuiciar a Temer, le suspendería del cargo por 180 días.
Durante ese lapso, la vacante sería cubierta por el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y si Temer fuera condenado se convocaría a las cámaras legislativas para una elección indirecta, a fin de escoger a quien gobernaría el país hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual período presidencial.
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(Con información de EFE)
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