
Miles de personas marcharon este domingo por el centro de Santiago en una gigantesca manifestación convocada en rechazo al sistema privado de pensiones que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.
En la primera gran manifestación del año, miles de familias marcharon por la céntrica avenida Alameda para exigir el fin de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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Instauradas por la dictadura de Pinochet en 1981, las AFP administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de trabajadores, entregando pensiones bajas a sus afiliados, muy lejos de su promesa de retribuir el 70% del último salario.
Largas columnas coparon ambos lados de la Alameda, convocando a familias completas que caminaron al ritmo del sonido de contagiosos tambores, portando banderas chilenas y afiches.

La protesta fue convocada por el grupo llamado "No+AFP", que ha congregado a centenares de miles de personas en el último año en varias marchas en demanda de reformas profundas al sistema de jubilaciones, que en su mayoría son inferiores al salario mínimo de 257.000 pesos, unos 390 dólares.
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"Vamos a acabar con las AFP les guste o no les guste", dijo Luis Mesina, coordinador del movimiento, que lideraba la marcha que se extendía por varias cuadras de la céntrica avenida.

El modelo vigente obliga a los trabajadores a ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos brutos, el que se acumula en una cuenta individual, de donde salen los fondos para pensionarse.
Las administradoras calculan las pensiones según las expectativas de vida y cuando los pensionados cumplen un año más tras jubilarse, le rebajan la pensión porque se estima que vivirá más del tiempo calculado inicialmente, para que sus ahorros duren más años.
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La manifestación se desarrollaba en un ambiente festivo y no se registraban enfrentamientos con la Policía, que desde temprano resguardaba en gran número todo el centro de Santiago.
En agosto del año pasado, unas 350.000 personas se reunieron en Santiago para marchar en contra del sistema de pensiones que la presidenta socialista Michelle Bachelet prometió reformar y que establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las AFP.

El sistema, pionero en el mundo al establecer la capitalización absolutamente individual del trabajador, prometió cuando fue creado una jubilación equivalente al 70% del último salario. A más de tres décadas, la promesa sigue sin cumplirse.
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Por su parte los defensores del sistema de AFP argumentan que el modelo necesita un cambio, pero niegan la posibilidad de volver a un sistema de reparto, como se pide, argumentando que este modelo ha fracasado en lugares como Europa. Y afirman que la pirámide invertida de poblaciones cada vez más longevas ponen en debate la viabilidad de las pensiones en todo el mundo.
Tras emprender complicadas reformas al sistema educativo y laboral, Bachelet anunció en agosto del año pasado una reformar el sistema de pensiones que aún hoy no ha enviado al Congreso, a la espera de construir un gran acuerdo con todos los actores sociales.
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"Tanto la ministra del Trabajo como el ministro de Hacienda están llevando adelante un trabajo incesante para que las distintas visiones respecto a este tema puedan concluir en una propuesta" de ley, dijo este domingo la vocera del Ejecutivo Paula Narváez.
En un mes, agregó la portavoz, Bachelet daría a conocer cuál será finalmente la determinación del gobierno sobre el sistema de pensiones. Su propuesta inicial contempla 12 medidas, entre ellas aumentar en 5 puntos la tasa de cotización con cargo al empleador, pero se descartaría el reemplazo del actual sistema por el de reparto, que regía en Chile antes de la reforma de Pinochet.
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Con información de AP y AFP
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