El gobierno brasileño autorizó el envío de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía, a los estados de Roraima y Amazonas, donde se registró casi un centenar de asesinatos en las cárceles durante los primeros días del año.
El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, respondió al pedido de ambos estados, situados en el norte del país, y anunció el envío de 200 hombres, 100 por región, para ayudar a controlar la crisis en los presidios, los cuales han registrado varios motines en la última semana.
Los agentes llegaron a los estados el martes por la madrugada con aviones de las Fuerzas Áreas Brasileñas (FAB) y su objetivo será el de reforzar la vigilancia en las áreas próximas a las cárceles.
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La autorización del Ejecutivo se produjo horas después de que el gobierno de Roraima anunciara que envió un oficio al presidente del país, Michel Temer, para solicitar con urgencia ayuda en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, situada en las afueras de Boa Vista, la capital regional.
En el pedido, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, argumentó que la integridad física de los presos que hay en la cárcel es "prioridad inmediata" y también pidió recibir agentes de la Fuerza de Intervención Penitenciaria Integrada urgentemente, admitiendo que los efectivos de la Policía Militarizada regional no son suficientes para garantizar la seguridad en el presidio.
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Además de Roraima y Amazonas, otros cinco estados han pedido ayuda federal para garantizar la seguridad en las prisiones, que sufren problemas de hacinamiento, enfrentamientos entre bandas rivales y precarias condiciones.
El pasado viernes, 33 presos murieron en la cárcel de Roraima por un supuesto ajuste de cuentas interno entre integrantes de la facción Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor de Brasil, según aseguró el ministro de Justicia.
Días antes el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos, capital del estado de Amazonas, fue el escenario de una reyerta en la que miembros de Familia do Norte (FDN), supuestos aliados de la banda Comando Vermelho (CV), iniciaron una disputa con integrantes del PCC.
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El balance final fue de 56 muertos, la mayoría miembros del PCC, número que se elevó hasta los 60, pues otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en una zona rural de Manaos, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo otras dos víctimas esta semana.
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