El gobierno de Michel Temer canceló más de 1 millón de subsidios por "irregulares"

El gobierno de Brasil canceló este lunes 469.000 subsidios a familias pobres y suspendió otros 654.000, tras detectar irregularidades en el programa Bolsa Familia, el sistema de redistribución de renta más emblemático de los pasados gobiernos de izquierda.

Del total de 13,9 millones de beneficios que otorga el programa Bolsa Familia, el Gobierno detectó que en 1,1 millones de subsidios (casi el 8% del total) la renta de las familias era superior a la exigida para el programa, precisó el Ministerio de Desarrollo Social y Agrario.

"No estamos cortando recursos. Todo ese dinero volverá al área social, sea para aquellos que están en la fila de espera o hasta, quién sabe, para mejorar los valores transferidos", declaró el ministro Osmar Terra al anunciar la operación como un "peine fino" sobre el popular programa.

La cancelación de los 469.000 subsidios tendrá un impacto de más de 1.000 millones de reales (unos USD 320 millones), según una estimación anualizada del Ministerio. Los 654.000 beneficiarios que fueron suspendidos deberán comprobar que continúan reuniendo los requisitos para participar en el programa.

Emblema de las gestiones de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), el Bolsa Familia beneficia a unos 50 millones de personas y está reservado a familias pobres y extremadamente pobres, con una renta mensual per cápita de hasta 170 reales (USD 53).

El valor que reciben las familias depende de la edad, el número de miembros y la renta de sus integrantes.

Tras el impeachment de Rousseff –destituida por el Congreso bajo la acusación manipular las cuentas públicas–, el gobierno conservador de Michel Temer se ha propuesto un severo ajuste fiscal para contener la crisis económica. El plan incluye la congelación de los gastos públicos (revisados sólo por la inflación) durante 20 años y una reforma del sobrecargado sistema de pensiones.

Los programas sociales implementados por la izquierda desde 2003 se han convertido en uno de los aspectos más delicados de los planes de ajuste. Mientras el Gobierno asegura que no quitará recursos a sectores sensibles como salud y educación, la oposición de izquierda lo acusa de querer "desmontar" los servicios públicos en favor de los más privilegiados.

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