El Parlamento venezolano aprobó el martes por mayoría iniciar un proceso contra el mandatario Nicolás Maduro para determinar su responsabilidad en la "ruptura del hilo constitucional" en el país. Pese a las protestas del chavismo y la comparación que realizaron sus dirigentes con la destitución en Brasil de Dilma Rousseff, los procesos guardan grandes diferencias.
La Asamblea Nacional busca determinar si Maduro es responsable penal o políticamente, y también es acusado de "abandono del cargo", una figura prevista en la Constitución para cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones y que sí podría desembocar en la destitución de Maduro y la convocatoria para nuevas elecciones.
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Sin embargo, y aunque se usó el término "juicio político", el proceso no está estipulado en la Carta Magna y tampoco aparece en el dictamen de la sesión parlamentaria del martes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, explicó que el Parlamento tiene potestad para determinar responsabilidades políticas tras previa evaluación, pero no desarrollar un juicio que -según afirmó- es competencia del Poder Judicial en caso de haber responsabilidades penales.
En consecuencia, la oposición citó a Nicolás Maduro para el 1 de noviembre, para que "se someta al escrutinio del pueblo, responda todas las argumentaciones y acusaciones" presentadas en su contra y para que, "con el respaldo del pueblo venezolano, demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento", según detalló el jefe de la bancada opositora Julio Borges.
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"Venezuela no es Brasil", corearon el martes los simpatizantes chavistas trazando un paralelo inexistente con el proceso realizado contra Dilma Rousseff, que fue votado en ambas cámaras parlamentarias con pasos detallados en el sistema legal. No obstante, Maduro decidió convocar a las máximas autoridades de defensa para analizar las medidas tomadas por la oposición.
Por su parte, el diputado Juan Miguel Matheus advirtió durante la sesión que "es la mayor sanción que puede aplicar el Poder Legislativo y puede dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario y desembocar en nuevas elecciones presidenciales".
Para abrir el proceso, que puede declarar el abandono del cargo, los parlamentarios apelaron a los artículos 232 y 233 de la Constitución Nacional.
"Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia (…) el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato", afirma el texto. Y agrega: "Si la falta absoluta del Presidente se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes".
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Sin embargo, las decisiones que tome la Asamblea podrían ser desechadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha declarado al Legislativo en desacato y asegura que todas sus decisiones son nulas.
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