Nicolás Maduro aprobó este viernes por decreto el presupuesto nacional para 2017, función que la Constitución encomienda a la Asamblea Nacional, hoy de mayoría opositora. Se trata de una decisión inédita en la historia reciente de Venezuela.
"Aquí está el presupuesto de 2017 y la ley de endeudamiento. Cúmplase. Pido el apoyo del pueblo, de la unión cívico-militar, de la calle", afirmó Maduro al firmar el decreto. Fue en un acto realizado en las afueras del Panteón Nacional de Caracas, donde está sepultado Simón Bolívar.
Lo cierto es que la sola firma del decreto supuso la violación de al menos siete artículos de la Constitución. Como siempre, la justificación oficial fue tener el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que avala siempre todas las decisiones del Ejecutivo.
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Una parte de las normas violadas se refieren a las competencias del Poder Legislativo para la aprobación de la ley de presupuesto. Son los artículos 187, 311, 312, 313, 314 y 315. También incumplió el 203, que establece que el presidente solo puede firmar decretos leyes dentro de los poderes habilitantes que deben ser aprobados previamente por el Parlamento.
Adicionalmente, según informó el abogado José Vicente Haro, consultado por El Nacional, violó los artículos 58, 59 y 60 de la Ley contra la Corrupción. La norma se refiere a los delitos contra el patrimonio público.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas alertó ante lo que consideró un "atentado contra el orden constitucional en un área tan relevante para el buen funcionamiento de la economía y de su institucionalidad democrática".
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El presupuesto 2017 establece que el 73,6% de los recursos serán destinados a la inversión social. Se hizo calculando un precio promedio de 30 dólares el barril de petróleo. La percepción de debilidad financiera de Venezuela ha llevado al Gobierno a traspasar divisas de fondos extrapresupuestarios a las reservas internacionales, que cuentan con 11.850 millones de dólares a octubre.
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