La fiscalía de Brasil advirtió que el ajuste de Temer es "inconstitucional"

La Fiscalía de Brasil advirtió el viernes que la congelación de presupuestos propuesta por el gobierno conservador de Michel Temer, que aún debe ser analizada por el Congreso, viola la separación de poderes. 

La Procuraduría General de la República envió una nota técnica al Congreso en la que defiende que la reforma constitucional que busca limitar el aumento del gasto público al mero índice de la inflación viola la separación de los poderes Legislativo y Judicial, garantizada en la Constitución.

La medida forma parte de un plan general de recortes con que el gobierno de Temer se propone sanear las cuentas públicas y reactivar la economía.

"La PEC 241 (Propuesta de Enmienda Constitucional) instituye el Nuevo Régimen Fiscal para los próximos 20 años, plazo lo suficientemente largo para limitar, perjudicar, debilitar el desempeño del Poder Judicial y otras instituciones del Sistema de Justicia", afirma un comunicado de la Fiscalía.

La medida puede "disminuir la actuación estatal en relación a las demandas que necesita la sociedad, entre ellas el combate de la corrupción, del delito", añade el escrito, en el que sugiere que la legislación sea alterada o de lo contrario archivada.

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Por tratarse de una reforma a la Constitución, la norma debe superar un largo camino dentro del Congreso. La Cámara de Diputados tiene previsto realizar la primera votación la próxima semana, y el gobierno espera concluir todo el proceso antes de fin de año.

Este mismo viernes, partidos de la oposición de izquierda presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) pidiendo que se suspenda la tramitación de la propuesta en el Congreso, alegando también que es inconstitucional.

El proyecto enfrenta resistencia en diversos sectores, especialmente aquellos vinculados al área social.  

Responsables del área de la salud advirtieron el jueves que el ajuste puede representar un desmantelamiento del sistema de salud y afectar severamente a la población en los próximos años.

La norma se aplicaría a partir de 2017, y recién en 2018 en las áreas social y políticamente sensibles de la salud y la educación.

Con información de AFP

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