Nisman, que investigaba un presunto encubrimiento de los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994 y había denunciado por ese hecho a la presidente Cristina Kirchner y varios de sus colaboradores, fue encontrado en su casa con un tiro en la cabeza el pasado domingo por la noche, horas antes de comparecer ante el Congreso.
"Su investigación -que prometía sacar a la luz nuevas pruebas sobre el papel de Irán en el atentado- debe continuar y sus resultados deben hacerse públicos para asegurar que los responsables sean procesados con todo el peso de la ley", dijo el legislador.
Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, agregó en un comunicado que las circunstancias "cada vez más sospechosas" que rodean la muerte de Nisman "requieren una investigación exhaustiva y transparente".
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El legislador, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, pidió al Departamento de Estado y a la embajada estadounidense en Buenos Aires que "adopten todas las medidas posibles para apoyar una investigación abierta y verosímil".
Menéndez agregó que en el caso "se plantean nuevas preguntas inquietantes" después de que la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, expresara el jueves su creencia de que la muerte de Nisman "no fue un suicido".
"Se ha dicho que el señor Nisman se ha convertido en la víctima 86 del ataque terrorista a la AMIA y debemos asegurarnos de que todas las preguntas que rodean su muerte sean respondidas para que prevalezca la justicia", agregó el senador.
Tras la muerte del fiscal, varios representantes del Partido Republicano analizan la posibilidad de solicitar sanciones contra funcionarios y ciudadanos argentinos acusados en la denuncia del fiscal especial por la causa AMIA o que pudieran estar señalados en la investigación por su muerte. Si bien estas son conversaciones informales, por ahora, el paso siguiente sería plantearlo en los comités de relaciones exteriores, inteligencia o seguridad.
Este tipo de sanciones han sido aplicadas, por ejemplo, a funcionarios y empresarios de Rusia, Irán y Siria, entre otras naciones. Generalmente implican medidas que van desde la suspensión de visas hasta la paralización de cuentas bancarias.
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