Petrobras comenzó en 2007 a construir en solitario la inmensa refinería ubicada en el puerto de Suape (Pernambuco), la primera que Brasil construye en 30 años y que inicialmente había sido proyectada con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pero la abrupta salida de la empresa manejada por el chavismo, junto con la escalada de gastos por errores en la gestión y la variación cambiaria hicieron que el presupuesto pasara de 2.400 millones de dólares en 2005 a los 18.500 que se calculan ahora, según publicó el periódico Folha de San Paulo.
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Como consecuencia de este aumento, se desplomaron igualmente los beneficios que Petrobras esperaba recaudar de la refinería. De los u$s1.100 millones en beneficios que se proyectaron en 2006 se pasó a los 3.200 millones en pérdidas que determina ahora la auditoría interna de la compañía estatal.
A partir de 2015, cuando se concluya la segunda fase de las obras, la refinería tendrá capacidad para procesar 230.000 barriles diarios de petróleo pesado; el diésel que podrá producir equivale a 17% de la demanda nacional.
La petrolera brasileña se encuentra inmersa en un gran escándalo de corrupción por el que están siendo procesadas 39 personas, incluidos varios ex directivos, y que movió alrededor de u$s4.000 millones de dólares en sobornos y sobrecostos en la última década.
El ex director de Refinación y Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, Paulo Roberto Costa, acusado de lavado de dinero y actualmente en prisión domiciliaria, es sospechoso de haber desviado recursos destinados a la refinería. Parte de las propinas que recibió podrían haber acabado en manos de políticos.
Petrobras pagó millones de dólares de más a empresas contratadas para las obras, determinó en setiembre un informe del Tribunal de Cuentas.
La continuidad de la construcción fue aprobada por el consejo directivo de Petrobras en 2012, encabezado por la actual presidenta Graça Foster, cuando los costos se tasaron en 17.100 millones de dólares. Sin embargo, en aquel momento no se cuantificaron las pérdidas que generaría, según fuentes anónimas del consejo de Petrobras citadas por Folha.
Si se comprueba que los administradores actuaron de mala fe u omitieron datos, podrían ser multados o sancionados con la prohibición de gestionar empresas con acciones en bolsa.
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