Con la sanción del nuevo Código Procesal Penal se aprobó el Anexo II del texto que crea 17 nuevos cargos de fiscales generales en todo el país. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprobó el 30 de diciembre el llamado a concurso de esos cargos y nombró a fiscales para que actúen como subrogantes, la mayoría de ellos allegados a ella o militantes de "Justicia Legítima", la agrupación judicial cercana al Gobierno.
Los nombramientos más polémicos fueron los de Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani como fiscales generales federales de Comodoro Py, el fuero donde se tramitan las causas por corrupción contra los funcionarios nacionales. Osorio es calificado como "un incondicional" en la Procuración, mientras que Palazzani milita en "Justicia Legítima".
Y pese a que las críticas, naturalmente, no tardaron en llegar, fuentes de la Procuración General citadas por la agencia NA les restaron importancia y adelantaron que por el momento no habrá una respuesta oficial.
En diálogo con la agencia DyN, Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), apuntó al momento elegido. "¿Cuál era el apuro? Hay tiempo de sobra para hacer los concursos porque el nuevo Código Procesal Penal todavía no tiene fecha para su entrada en vigencia. Es la generación de cargos y utilizando a la PGN como una caja más", sostuvo. "Se prometió mucho que se iban a hacer ingresos mediante concursos, y a la fecha lo único que vemos es una catarata de ingresos a la Procuración sin concurso. El ingreso democrático se quedó en una declaración", agregó.
El fiscal Ricardo Sáenz se sumó a las quejas. "No tenía ningún sentido el Anexo II del Código sin tener fecha de vigencia. La creación de cargos no tenía ningún fundamento, salvo hacer lo que hicieron: poner en funcionamiento los cargos", opinó. Y resaltó que los fiscales designados en la Cámara Federal "se quedan con los dos tercios de las causas que allí tramitan" y que fue la única jurisdicción donde se crearon dos nuevas fiscales porque "en el interior del país donde había un fiscal ponen otro, acá ponen dos".
El abogado Daniel Sabsay volvió a pintar un panorama apocalíptico. Alertó de que la Justicia no solo podría "revisar" estos nombramientos que, a su entender, buscan la "impunidad de los funcionarios públicos", sino que "aquel al que le toque alguna investigación en manos de alguno de estos personajes que tienen una designación más que precaria e inconstitucional, puede perfectamente recusarlos".
En declaraciones a radio Mitre, el catedrático de la UBA volvió a calificar a Gils Carbó como una "gran encubridora" y la acusó de nombrar como fiscales "a claros militantes de La Cámpora, de Justicia Legítima, con un claro sesgo político".
Desde el ámbito político, el senador chubutense Mario Cimadevilla renovó sus cuestionamientos. En su cuenta de Twitter, escribió: "Gils Carbó llegó al cargo de Procuradora General de la Nación con la única misión de evitarle problemas judiciales a CFK y a su entorno. Para este flamante 2015 deberíamos contar con más funcionarios independientes y probos y menos Gils Carbó".
También hubo críticas de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), que a través de un comunicado señaló que "es pertinente alertar a la sociedad del riesgo que significa para la población la manipulación del poder del Estado en favor de los gobernantes y sus grupos de afinidad, ya que si la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones se ve afectada, de nada sirven los restantes derechos sustentados en la Constitución Nacional".
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por su parte, manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
En tanto, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
Asimismo, el fiscal Carlos Ernst, mediante una carta enviada a la Procuraduría General, cuestionó el traslado de la Fiscalía General de Capacitación y formación asegurando a Gils Carbó que "disolvió un área de trabajo con 18 años de historia".
Según fuentes consultadas, en la Asociación de Fiscales hubo también algunas expresiones de bronca, concretamente hacia su presidente, Carlos Donoso Castex, debido al "silencio" tras los nombramientos hechos por Gils Carbó.
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