"Lo que nos queda claro es que estos jóvenes no fueron desaparecidos por un hecho de la naturaleza, sino por una acción de la que son responsables funcionarios estatales, que eran servidores públicos, y en ese sentido, se da la desaparición forzada", sostuvo el representante de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, tras reunirse con los padres de los jóvenes asesinados y de los desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala.
"No hay otra forma de explicarlo; cuando las autoridades cometen ese tipo de arbitrariedades, que son crímenes, se está frente a una desaparición forzada. No tiene otro nombre", agregó, acompañado del representante adjunto de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Jesús Peña, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández.
El enviado de la ONU visitó el miércoles las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y escuchó los testimonios de los padres de los estudiantes, que habrían sido ejecutados en una operación conjunta entre policías preventivos municipales y supuestos miembros del crimen organizado, según recoge el periódico Milenio de México. Hernández constató la lucha de los familiares, que desde hace más de dos meses no abandonan la universidad de Ayotnizapa en la que estudiaban sus hijos.
Peña Nieto aceptó 166 de las 176 recomendaciones de la ONU
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El gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó este año 166 de las 176 recomendaciones que le dirigió la ONU, incluidas algunas relacionadas con desapariciones forzadas. Algunas de estas recomendaciones sugerían la integración de una relación única de personas desaparecidas. Hernández también señaló el 9 de febrero de 2015 el Estado mexicano deberá asistir a revisión por el Comité de Referencia, lo que representa una oportunidad para que el país acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas para Desaparición Forzada.
"Es lamentable, pero este dolor que se concentra en Ayotzinapa está extendido en muchos otros lugares del país", apuntó el representante de la ONU, que dijo que los secuestros masivos, que en su mayoría devienen en asesinatos, han estado presentes antes del caso de Iguala y que siguieron produciéndose después, a pesar de las manifestaciones de los mexicanos.
Los jóvenes normalistas fueron atacados por policías corruptos de Iguala hace dos meses por orden del entonces alcalde José Luis Abarca, que quería evitar que los estudiantes boicotearan un acto de su esposa. Seis personas murieron en ese momento, mientras que medio centenar fue secuestrado. Un puñado recuperó la libertad, pero los 43 desaparecidos fueron secuestrados, ejecutados e incinerados por sicarios de Guerreros Unidos. Fueron encontrados los restos, pero debido a su estado todavía no se pudo corroborar que pertenezcan a ellos.
El caso conmueve a todo el país y ha precipitado múltiples manifestaciones, muchas de ellas violentas, contra el gobierno de Peña Nieto.
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