Este lunes vence el plazo para que empresarios y comerciantes del país se ajusten a la Ley de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30% y penas de hasta 14 años de cárcel para quien la incumpla.
Esta ley entró en vigencia el pasado 23 de enero y fue diseñada por un equipo dirigido por el presidente Nicolás Maduro, quien la aprobó vía habilitante, como una herramienta más para hacer frente a la "guerra económica" que ha denunciado.
Luego de la entrada en vigencia de la normativa, el Gobierno organizó una serie de talleres por todo el país en el que se explican los alcances de la norma a concejos comunales, dirigentes, autoridades y pequeños comerciantes y empresarios.
"A partir del lunes, al lugar al que lleguemos y esté acaparando y especulando se va a aplicar la ley. Nadie tendrá excusas porque (la ley) ya tiene tres semanas de publicada", amenazó Maduro el viernes.
Los comerciantes pidieron participar en el reglamento de Ley de Precios
Los principales gremios de comerciantes de Venezuela solicitaron tomar parte en la creación del reglamento de la nueva Ley de Precios Justos.
"El sector de la pequeña y mediana industria está esperando participar de manera muy activa en el reglamento de la ley de costos y precios justos", dijo a la emisora Unión Radio el presidente de la Federación de Industriales (Fedeindustria), Miguel Pérez, quien aseguró que la ley preocupa especialmente a pequeños y medianos productores.
Indicó que el elemento que más inquieta a esos productores es el referido a la determinación de costos para obtener ganancias máximas del 30% y que este aspecto "debe trabajarse muy ampliamente con participación de todos los sectores".
Apuntó, asimismo, que el método de cálculo debe permitir aproximarse "a la realidad económica a cada uno de los sectores e, inclusive, el tamaño de las empresas".
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Mauricio Tancredi, también dijo a la misma emisora que no se puede exigir el mismo porcentaje de ganancia para todos los productos, porque existen variantes que influyen que se gane menos o más que ese índice. "Todo va a depender de la rotación de ese producto", dijo.
Sanciones
La Ley establece sanciones para 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.
Destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo con el delito cometido. Las más graves, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica serán de 14 años.
Despliegue
Este viernes, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, anunció que la puesta en práctica de la ley contará con el despliegue del Gobierno Nacional y del pueblo.
"A partir del lunes, (habrá) una actividad desplegada para poner las cosas en su sitio", dijo en referencia a los nuevos precios. "La especulación le hace mucho daño a nuestra economía, a diversos sectores del país, y el Gobierno está en la responsabilidad de tomar las medidas más severas", sentenció.
Para el chavismo, el desabastecimiento es culpa de "criminales de guerra"
La titular de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (SUNDDE), Andreína Tarazón, disparó contra los supuestos acaparadores de alimentos, a los que el gobierno de Nicolás Maduro acusa de la escasez de productos básicos en los supermercados.
"Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra, porque acaparan toneladas de alimentos, dejan en estado de descomposición toneladas de carne y desvían toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia", aseguró a la emisora local Unión Radio Tarazón, quien también se desempeña como titular del Ministerio de la Mujer.
Desde hace meses, Venezuela es escenario de problemas de abastecimiento, que alcanzan desde alimentos básicos hasta elementos de higiene, como el papel sanitario, y los medicamentos. Esto se suma a la elevada inflación, que cerró en el 56,2% en 2013. En respuesta, Maduro lanzó, en noviembre pasado, una "ofensiva" contra la supuesta guerra económica iniciada por el empresariado.
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