La ETA exige liberación de todos sus presos y pone nuevas condiciones

Más de 60 miembros del grupo terrorista ETA puestos en libertad en los últimos meses por la Justicia española pidieron el sábado a las autoridades una "solución integral" para el País Vasco, en la que esté incluído el reconocimiento del "derecho a decidir" de los vascos.

En un controvertido acto celebrado en la ciudad de Durango, en la provincia de Vizcaya del País Vasco, José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado a 1.210 años de cárcel, de los que cumplió 26 años en prisión por 13 asesinatos, leyó un comunicado en nombre de los ex carcelados y mediadores de los presos de ETA en el que formulaban sus peticiones.

"La solución del conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral. Atendiendo a la misma raíz política y eso debería concretar el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco", dijo Kubati.

En el texto leído durante el acto, los excarcelados consideraron "urgente" solucionar el caso de los etarras que siguen en prisión, por lo que exigieron repatriar al País Vasco a los cientos de militantes dispersos por las cárceles de España y Francia y "liberar hasta el último de ellos".

Por su parte, a pesar de aceptar "su responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto", los ex presos no manifestaron arrepentimiento ni han pedido el desarme y la disolución de ETA, a la vez que aseguraron haber sido víctimas de "las leyes y medidas de excepción".

Expresaron su compromiso "total" con el nuevo escenario político abierto en el País Vasco tras la renuncia de ETA a la violencia y la apuesta por el diálogo, y manifestaron su "total conformidad" con el comunicado de diciembre pasado en el que Colectivo de Presos de ETA (EPPK), reconocía el "sufrimiento y daño multilateral" causado y aceptaba someterse a la legalidad penitenciaria.

Como Kubati, otros miembros de ETA fueron excarcelados después de que la Justicia española derogase la llamada Doctrina Parot, una práctica por la que se alargaba la permanencia en la cárcel de autores de crímenes graves.

Esta derogación respondió a un dictamen en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la retroactividad de dicha doctrina. En España, la mayor pena contemplada en el código penal son 30 años de cárcel, que pueden ser reducidos por beneficios penitenciarios.

Asociaciones de víctimas del terrorismos habían pedido la prohibición de este acto celebrado hoy, pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó esa petición una media hora antes de su comienzo al afirmar que no apreciaba delito de enaltecimiento del terrorismo en el mismo, aunque pidió a la policía regional vasca que vigilase el desarrollo del evento.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia calificó el acto de "humillación" y "bochorno", así como de la "mayor vergüenza ocurrida en España" y un ejemplo de "impunidad de ETA permitida por parte de la Audiencia Nacional".

ETA, responsable de la muerte de 829 personas en 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, anunció el 20 de octubre de 2011 el fin de la violencia aunque sin disolverse ni entregar las armas. Unos 520 de sus miembros están en 79 cárceles de España y Francia, mientras que solo unas decenas siguen en activo.