La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este viernes la ley de comunicación, un proyecto que la oposición califica de "ley mordaza".
La norma contó con el apoyo "irrestricto" de la formación gubernamental Alianza País (que cuenta con 100 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional), anunció este jueves el legislador Virgilio Hernández.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se ha mostrado a menudo muy crítico con sectores de la prensa que, según él, desempeñan "un rol político" y ha defendido esta ley como un instrumento que "busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados".
Organismos como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han denunciado el deterioro "pronunciado" del clima de libertad de prensa durante la gestión de Correa, al entender que prevalece "una actitud contraria a la prensa" en todos los poderes del Estado.
El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, expresó su deseo de que "el contenido del proyecto que sea aprobado por la mayoría oficialista observe la establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales sobre los derechos a la libertad de prensa y de expresión", señaló el digital La Hora.
Entre las novedades de la ley, está la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas.
También crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.
Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
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