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La oposición venezolana destaca que negociación abrió el camino para revisar las inhabilitaciones políticas

El tercer ciclo de las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos cerró con un acuerdo para evaluar la intervención judicial que han sufrido los partidos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera se dan la mano al firmar acuerdos durante la jornada de clausura del tercer ciclo de conversaciones de diálogo nacional entre el gobierno venezolano y la oposición, en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Tras la conclusión del tercer ciclo de conversaciones, Juan Miguel Matheus, miembro de la delegación opositora que participa en el proceso de negociación con el chavismo, destaca que lograron abrir una vía “para revisar las inhabilitaciones y estudiar garantías para la participación ciudadana”.

La mesa de diálogo auspiciada por Estados Unidos cerró su tercera fase este miércoles 21 de octubre. Entre los acuerdos firmados por las partes figura revisar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, “específicamente lo inherente al proceso de inhabilitaciones”.

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Aunque diversos dirigentes políticos han sido víctimas de este veto, en realidad esta discusión tiene nombre y apellido: María Corina Machado, a quien el régimen chavista prohíbe competir en cualquier tipo de elección.

Desde los tiempos del difunto Hugo Chávez, el oficialismo ha utilizado a la Contraloría General de la República para sacar del camino electoral a sus adversarios.

Ese organismo ha inhabilitado a Machado hasta en dos ocasiones: la primera vez en 2015 por doce meses, lo que le impidió postularse para los comicios parlamentarios de ese año. Y en junio de 2023 le aplicó la misma medida, pero por 15 años. Por esa razón, no pudo medirse en las presidenciales de julio de 2024, pese haber ganado las primarias opositoras de octubre de 2023.

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Simpatizantes de la oposición realizan manifestaciones exigiendo el retorno seguro de María Corina Machado, quien ha denunciado que le impiden retornar a Venezuela. REUTERS/Juan Carlos Hernandez/File Photo

Así como acordaron analizar ese instrumento, también se comprometieron a evaluar la Ley de Partidos Políticos, con el fin de “garantizar la participación de todos los actores políticos”.

Las principales organizaciones políticas de la oposición fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que impuso directivas desconociendo a sus líderes legítimos y les arrebató sus símbolos.

“Acordamos trabajar en la reforma de la Ley de Partidos Políticos para garantizar su autonomía y democracia interna, y proteger a sus autoridades y símbolos. Queremos que todas las fuerzas puedan competir sin exclusiones arbitrarias”, expresa el doctor en Derecho Constitucional.

Avances

El integrante de la delegación opositora considera que “Venezuela avanza en la transformación de sus instituciones”; sin embargo, subraya que “recuperar la democracia” va más allá de fijar una fecha para las elecciones presidenciales, principal exigencia de Machado y la mayoría de la disidencia.

“Debemos recuperar instituciones y derechos para que Venezuela vuelva a elegir libremente y su voto sea respetado. Esa es la justicia del voto que buscamos”, enfatiza el diputado de la Asamblea Nacional del año 2015.

Nicolás Maduro utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para atornillarse en el poder y perseguir a la oposición venezolana.

Matheus resalta la designación del Comité de Postulaciones Judiciales, que impulsará el mecanismo que culminará con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

“Este avance es resultado de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Lo que hace poco parecía imposible comienza a convertirse en hechos concretos. La negociación está abriendo caminos para transformar las instituciones”, asevera el dirigente del partido Primero Justicia.

El delegado opositor recuerda que “durante años, el sistema de justicia fue utilizado como instrumento de persecución política y dominación”. Apunta que “hoy estamos trabajando para desmontar esa estructura y construir un Poder Judicial independiente, profesional y al servicio de la Constitución y de todos los venezolanos”.

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