El chavismo y un sector de la oposición venezolana prevén cerrar este miércoles la tercera ronda de diálogo sobre garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral, dentro de la transición que promueve Estados Unidos tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero.
Las conversaciones comenzaron el miércoles pasado y se centraron en el respeto de los derechos civiles y en la renovación de instituciones señaladas por su cercanía con el Gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Hasta ahora no trascendieron los eventuales acuerdos de esta nueva etapa de contactos, de acuerdo con fuentes vinculadas a las negociaciones.
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La representación opositora mantuvo reuniones durante la última semana con distintos sectores, entre ellos organizaciones no gubernamentales locales que reclaman garantías para los derechos fundamentales, que, según sus denuncias, sufrieron vulneraciones durante años.
Los delegados también se reunieron el fin de semana con representantes del Colegio de Abogados de Caracas. En ese encuentro revisaron propuestas para “abrir caminos de transformación del sistema de justicia”, un ámbito que forma parte de las reformas acordadas entre ese sector opositor y el chavismo.
Del diálogo no participan María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, ambos referentes de la oposición venezolana. Estados Unidos impulsa el proceso como parte de su plan de transición en Venezuela, después de la captura de Maduro durante una operación militar en Caracas.
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Las delegaciones celebraron dos rondas previas, en agosto y septiembre, con discusiones sobre una reforma judicial. Entre los asuntos planteados figura la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuestionado por sectores opositores por su vínculo con el Gobierno. La agenda también incluyó el desbloqueo del oro venezolano retenido en Inglaterra, la eliminación de restricciones sobre portales web —varios de ellos dedicados a noticias— y medidas vinculadas con la libertad de expresión.
El 9 de octubre, la dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación en las conversaciones, se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante ese encuentro, Rubio la instó “a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral”. El funcionario estadounidense destacó el “valiente liderazgo” de Figuera en las negociaciones y celebró “los progresos tangibles alcanzados” durante las dos primeras rondas.
Por su parte, la ONG Foro Penal reclamó el martes que la renovación del TSJ incluya cambios de fondo en el sistema judicial, como la modificación o eliminación de leyes y el desmantelamiento del “aparato represivo” que, a su juicio, persiste en el país.
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El pronunciamiento ocurrió mientras el Parlamento, bajo control del chavismo, avanza con el proceso para designar a los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano que evaluará y preseleccionará a los próximos magistrados del TSJ.
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió que la renovación del máximo tribunal no será suficiente si no alcanza al resto de la estructura judicial. “De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”, afirmó.
Durante un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob sostuvo que la justicia venezolana actuó con eficacia contra quienes cuestionan al poder, pero no respondió a las demandas de la población. “Sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos”, expresó al describir el funcionamiento del sistema.
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El dirigente planteó una reconstrucción “desde sus mismas bases” y consideró necesario que el nuevo TSJ quede “integrado por personas en las que la ciudadanía confíe”. Además, pidió una reforma del Código Penal, al que definió como “anacrónico” y como una norma que “no sirve a las necesidades de la población” y sumó el pedido de revisar o derogar leyes que, según señaló, sirvieron como mecanismos de persecución política.
El director presidente de la organización, Alfredo Romero, aseguró que el Poder Judicial todavía forma parte de la estructura represiva. “Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes”, afirmó.
La Asamblea Nacional abrió la selección de 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales junto con 11 diputados. Ese cuerpo tendrá a su cargo la revisión de los aspirantes a las vacantes del máximo tribunal.
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El actual TSJ está integrado por jueces cuestionados por la oposición, que los acusa de actuar en favor del chavismo y de haber validado el proclamado triunfo de Maduro en las presidenciales de 2024, en un proceso marcado por denuncias de fraude electoral.
(Con información de EFE)
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