La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) planteó este viernes a la delegación opositora que dialoga con el chavismo su pedido de derogar la Ley contra el Odio y otras normas que, según la organización, restringen derechos fundamentales en Venezuela.
El encuentro, realizado el jueves, quedó reflejado en un mensaje publicado por la ONG en su cuenta de X, donde calificó a esta normativa, junto a otras disposiciones, como instrumentos que “han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil”.
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El CLIPP también reclamó en esa instancia la derogación de la Ley de Fiscalización de las ONG, sancionada en 2024 y señalada por distintas organizaciones como un mecanismo que atenta contra la libre asociación. A eso se sumó un nuevo llamado a la liberación de los presos políticos en el país, cuyo número asciende a 322 de acuerdo con el registro de Foro Penal.
El reclamo se enmarca en un proceso que avanza en el Parlamento, donde ya se discute una reforma parcial de la Ley contra el Odio. La iniciativa surgió en septiembre, cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, reconoció que las autoridades habían hecho un uso abusivo de la norma, una crítica que distintos sectores civiles y opositores venían formulando desde hacía tiempo. Datos difundidos por Foro Penal ese mismo mes indicaron que 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio” desde que la ley entró en vigencia.
Por separado, la delegación opositora señaló que mantuvo reuniones con representantes de organismos no gubernamentales para revisar las garantías civiles y políticas de cara a la renovación institucional del país.
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Su origen se remonta a noviembre de 2017, cuando fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo instalado en paralelo al Parlamento, en medio de protestas masivas contra el Gobierno. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia surgió de un pedido explícito del ex dictador Nicolás Maduro, que buscaba frenar los mensajes de odio que, a criterio del oficialismo, impulsaron las manifestaciones registradas entre abril y agosto de aquel año.
La normativa fija condenas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en los denominados “delitos de odio” y acumula objeciones reiteradas por parte de defensores de derechos humanos. Espacio Público fue una de las voces que, en 2023, denunció su aplicación como mecanismo “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló este viernes el proyecto de reforma parcial de la ley, con lo que habilitó su tratamiento en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional sostuvo en un comunicado que el texto cuenta con “conformidad constitucional” y que corresponde continuar el proceso legislativo para su discusión y aprobación.
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Rodríguez le había planteado esta solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La funcionaria ubicó la propuesta entre “las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el reencuentro y la convivencia democrática”, y afirmó que este paso apunta a consolidar “una nueva etapa de convivencia ciudadana” en el país.
La mandataria encargada llegó al cargo tras la operación militar que Estados Unidos desplegó a comienzos de año contra Venezuela, que dejó un saldo de más de cien muertos y culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
(Con información de EFE y EP)
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