El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó a través de una carta pública una reunión a las delegaciones del gobierno y la oposición, que participan en el proceso de negociación promovido por Estados Unidos.
Los familiares de los detenidos por razones políticas buscan un “espacio de encuentro” con ambas comisiones con el fin de “presentar la información que hemos documentado, exponer especialmente la situación de las personas con patologías graves y plantear propuestas para avanzar hacia la restitución de sus derechos”.
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El proceso de negociación, que comenzó formalmente hace un mes bajo el auspicio de la administración de Donald Trump, concluyó su primer ciclo el 12 de agosto con dos acuerdos: Trabajar por la transformación del sistema de justicia de Venezuela, y unir esfuerzos por recuperar las 31 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra.
La agenda establecida por las partes consta de tres temas: Atención al doble terremoto, fortalecimiento de la democracia -que incluiría la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral- y derechos y garantías políticas. Se espera que gobierno y oposición retomen el diálogo a mediados de este mes.
Por fuera
Clippve señala que “la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos no fue incluida en la agenda” de la negociación encabezada por Jorge Rodriguez y Dinorah Figuera, voceros del chavismo y la oposición, respectivamente.
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Según sus estimaciones, existen “al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de los cuales 37 “presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.
Advierten que los presos políticos están recluidos en “condiciones inhumanas” y recuerdan que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha cumplido su palabra de liberar a todos. “Cada anuncio genera nuevas expectativas y cuando estas no encuentran respuesta, profundiza la angustia y la revictimización de quienes llevan meses o años esperando”.
En el marco de lo que ha denominado un “nuevo momento político”, Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía y ha ordenado la excarcelación de centenares de presos políticos. Empero, no todos los beneficiarios han recibido libertad plena -mantienen restricciones como arresto domiciliario, presentación ante tribunales y prohibición de salida del país- y centenares continúan en las cárceles, con sus familiares denunciando que son víctimas de torturas y abusos en centros como El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro.
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“La libertad de estas personas es un derecho y no debe convertirse en una concesión ni en una ficha de negociación. Escuchar a las víctimas y sus familiares significa conocer directamente una realidad y unas demandas que llevan demasiado tiempo esperando respuesta”, indican en el texto.
Clippve demanda a la negociación “resultados concretos”, destacando que “recuperar la confianza requiere compromisos que se cumplan y garantías para que ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos”.
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