El doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio dejó más de 6.000 muertos y cerca de 16.000 heridos, pero además abrió un frente político y estructural en torno a los complejos habitacionales construidos al calor de los acuerdos del chavismo con China, especialmente en La Guaira, el punto más castigado por el desastre.
En ese estado costero, donde se concentró la mayor cantidad de víctimas y derrumbes, varios edificios construidos bajo convenios con el régimen de Beijing quedaron convertidos en montañas de escombros. El colapso de esas estructuras puso bajo la lupa contratos firmados por el régimen venezolano con empresas chinas para levantar viviendas e infraestructura con financiamiento externo atado a la relación bilateral entre ambas autocracias. En la mayoría de los casos las autoridades venezolanas ni siquiera tenían acceso a planos y supervisión.
Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y golpearon con fuerza la franja norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento principal cerca de Catia La Mar, en La Guaira, a una profundidad superficial de 10 kilómetros.
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Desde las primeras horas posteriores al desastre, se advirtió que La Guaira figuraba entre las zonas más afectadas y que el balance inicial ni siquiera incorporaba todavía la dimensión completa de lo ocurrido allí. Con el correr de los días, la magnitud del daño quedó más clara. Miles de familias resultaron afectadas en ese estado y la destrucción de viviendas fue una de las escenas más extendidas.
Complejos de vivienda social, en el centro de las sospechas
La tragedia no solo dejó una crisis humanitaria. También disparó preguntas sobre la calidad de las construcciones levantadas durante años bajo programas estatales de vivienda. Reuters describió cómo partes de un desarrollo habitacional de 1.100 unidades en La Guaira quedaron arrasadas por los sismos y recogió el pedido de ingenieros para que el gobierno auditara de inmediato otros complejos todavía en pie.
Ese mismo artículo sostuvo que varios desarrollos fueron construidos con rapidez por una mezcla de agencias estatales y contratistas de China, Turquía y Bielorrusia, bajo supervisión militar y con escasa divulgación pública de los detalles contractuales. El punto más delicado es que, alrededor de esas obras, ya existían antecedentes de denuncias por opacidad, controles débiles y cláusulas de confidencialidad. El terremoto volvió a colocar esos cuestionamientos en el centro del debate. Sobre todo los relacionados con empresas chinas, que responden al régimen de Xi Jinping. Algunos de esos contratos, incluso, fueron tramitados a través de los BRICS por pedido del chavismo.
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El vínculo entre China y Venezuela en materia de infraestructura y vivienda se consolidó durante la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a través de un sistema de deuda y cooperación respaldado por exportaciones de crudo. El principal instrumento fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, conocido como Fondo Chino, creado para financiar proyectos de infraestructura, industria, transporte y vivienda, según documentación relevada por Transparencia Venezuela.
Ese informe ubica a Citic Construction Co. Ltd. entre las firmas que participaron en proyectos de vivienda y registra también la presencia de China CAMC Engineering Co., Ltd. en negocios con el Estado venezolano. Otra base documental, compilada por Vendata, enumera convenios de construcción de viviendas entre organismos públicos venezolanos, Citic Construction y entidades financieras chinas, además de acuerdos enmarcados en el Fondo Conjunto.
La arquitectura financiera de esos convenios fue una de las marcas de la alianza entre el chavismo y Beijing. A cambio de petróleo a precio irrisorio, Caracas accedía a créditos para obras públicas que a menudo quedaban en manos de empresas del país acreedor. Las obras quedaban bajo absoluto control de las empresas promocionadas por el régimen chino y ninguna autoridad civil venezolana tenía acceso para el control de las obras. Tampoco las aprobaciones finales pasaron por registros públicos.
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La opacidad en torno a esos acuerdos no apareció después del terremoto. Una investigación de Armando.info señaló que el esquema de cooperación con China derivó en contratos favorables para compañías como Citic Construction y CAMC Engineering, y citó un acuerdo de 2005 para la construcción de 20.000 viviendas que incluía condiciones de confidencialidad sobre información financiera, comercial y documental del contratista.
El mismo trabajo describió al Fondo Chino como un mecanismo que terminó soportando al menos 50.000 millones de dólares en financiamiento ligado al petróleo venezolano, la compra de bienes chinos y la contratación de sus empresas para infraestructura, vivienda y sistema eléctrico.
Por su parte, otro informe sobre Citic recuerda que el Ministerio de Vivienda y Hábitat firmó contratos con esa compañía para levantar viviendas en Venezuela y menciona denuncias sobre sobreprecios y corrupción en torno a esas obras.
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Las fuentes consultadas por Infobae muestran un patrón amplio: proyectos de vivienda financiados por mecanismos opacos, contratos con empresas chinas, antecedentes de confidencialidad y denuncias sobre debilidad en los controles públicos.
En distintos países de América Latina, la relación con el régimen de Xi Jinping combinó financiamiento, obras de infraestructura y baja transparencia. El caso de Venezuela volvió a exponer que, cuando un desastre natural golpea sobre construcciones levantadas sin suficiente escrutinio, las consecuencias pueden medirse en miles de muertos y ciudades enteras reducidas a escombros. ¿Continuará la región permitiendo estos abusos por parte de China?
La tragedia
El 24 de junio pasado, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela con unos 30 segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el primer movimiento cerca de Yumare, en el estado Yaracuy, y el segundo frente a la costa de La Guaira, al oeste de Catia La Mar. Ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros, una condición que amplificó la intensidad de las sacudidas en zonas pobladas.
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Los daños se concentraron en La Guaira, donde se registraron derrumbes de edificios, y en Caracas, que sufrió cortes de electricidad, afectaciones en inmuebles y dificultades en la circulación. También hubo impactos en Yaracuy y otras áreas del centro-norte del país. Las autoridades informaron inicialmente al menos 32 muertos y más de 700 heridos, aunque el balance no incluía entonces todos los reportes procedentes de La Guaira, una de las zonas más afectadas y donde el drama aún persiste. El recuento final sería de 6.509 muertos y 1.579 desaparecidos.
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